La Rioja, la comunidad que menos ayudas recibió del Estado para emplear colectivos vulnerables en 2016

   Andalucía y Cataluña coparon el 36% de estas ayudas dirigidas a personas con discapacidad y víctimas de violencia de género

   MADRID/ LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Rioja es la comunidad autónoma que menos ayuda recibió por parte del Estado para el empleo de colectivos con mayor dificultad en el acceso y permanencia a un puesto de trabajo, un total de 2 millones de euros.

   A nivel nacional, el Estado destinó 380,46 millones de euros en ayudas transferidas a las comunidades autónomas dirigidas al empleo de colectivos vulnerables, tales como personas discapacitadas, víctimas de la violencia de género, del terrorismo o con responsabilidades familiares.

   Así se desprende de la respuesta recogida por Europa Press que el Gobierno ha dado al diputado de PDeCAT Carles Campuzano, adscrito al Grupo Mixto, quien en enero preguntó por la cantidad transferida a las CCAA para subvencionar el empleo de personas con discapacidad.

   Del total, Andalucía (78,7 millones de euros) y Cataluña (60,6 millones) concentraron el 36% de todas las subvenciones otorgadas. La Comunidad de Madrid recibió 49 millones mientras que la Comunidad Valenciana obtuvo ayudas por un valor de 38,1 millones.

   Siguen a estas comunidades Galicia (30,1 millones de euros), Canarias (23,3 millones), Castilla y León (21,3 millones), Castilla-La Mancha (16,4 millones), Extremadura (15,7 millones), Asturias (10,5 millones) y Aragón (10,2 millones).

NAVARRA Y LA RIOJA, LAS QUE MENOS

   Sólo cuatro comunidades autónomas recibieron menos de diez millones de euros: Murcia (9,8 millones), Illes Balears (7,3 millones), Navarra (2,1 millones) y La Rioja, región con menos ayudas recibidas (2 millones). El País Vasco no figura como región receptora de estas partidas, ni tampoco las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

   Estas ayudas están integradas dentro de la partida Oportunidades de Empleo, que tratan de incentivar la contratación, la creación o el mantenimiento del empleo entre los colectivos que el Gobierno identifica con una mayor vulnerabilidad.