Por vía voluntaria, las reclamaciones más frecuentes han sido por el Impuesto de Plusvalía y el IAE y, por vía ejecutiva, las demandas han sido, sobre todo, por multas de tráfico
LOGROÑO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
La concejal de Transparencia, Hacienda y Administración Pública, Mar San Martín, ha resaltado este viernes que, en el ejercicio 2016, se tramitaron un total de 239 reclamaciones ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Logroño, lo que supone un incremento del 36 por ciento, respecto al año anterior.
San Martín ha presentado este viernes la Memoria del Tribunal Económico Administrativo, un órgano que resuelve las reclamaciones económico-administrativas de los ciudadanos sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos y de otros ingresos de derecho público de competencia municipal.
Se trata de "una vía de reclamación gratuita" para el contribuyente que "le permite evitar la vía judicial, más lenta y con costes para el ciudadano en muchos casos". El Tribunal, además, está integrado por un presidente y dos vocales funcionarios del Ayuntamiento de Logroño, técnicos especializados en temas tributarios pero como bien ha resaltado la concejal de Hacienda "ajenos a la gestión directa de ese área".
San Martín ha destacado que de esas 239 reclamaciones presentadas en el ejercicio 2016 se han resuelto 189, lo que supone "un récord de resoluciones dictadas desde la creación del Tribunal en 2004". El promedio de resolución (respuesta) para el año 2016 ha sido de 135 días, "muy por debajo del periodo máximo establecido legalmente, que es de un año".
DOS VÍAS DE RECLAMACIÓN
En la presentación de la Memoria, Mar San Martín ha recalcado que el ciudadano puede optar por dos tipos de reclamaciones. La vía voluntaria (pago de recibos o impuestos en plazo) o la vía ejecutiva (que se crea tras vencer dicho plazo, con recargo).
Así, por vía voluntaria, el tipo de reclamación más frecuente ha sido el Impuesto de Plusvalía (73 por ciento) y el IAE (Impuesto de Actividades Económicas). Por su parte, en vía ejecutiva, las multas de tráfico (84 por ciento) son las reclamaciones más demandadas por los ciudadanos. Por su parte y con respecto a la litigiosidad, se sitúa en el 12 por ciento, con 149 recursos previos de reposición, un recurso extraordinario de revisión (que fue inadmitido) y no se presentaron recursos de anulación.
Además, del total de reclamaciones resueltas (189) se han estimado 16, se desestimaron 134, no se admitieron 26 y se archivaron 13. El porcentaje de las reclamaciones estimadas, un 8 por ciento, es similar al de los tres ejercicios anteriores.
Además, San Martín ha indicado que en el 70 por ciento de los casos, el Tribunal avala las resoluciones del Ayuntamiento, es decir, "le da la razón al Ayuntamiento". Un dato positivo porque "quiere decir que la actuación municipal era correcta" y así lo ha considerado el Tribunal.
Por su parte, y de cara a la Memoria del año que viene, que responderá a las reclamaciones de 2017, San Martín ha destacado que se prevé un incremento de reclamaciones por el Impuesto de Plusvalía tras el cambio en la norma de Ley de Haciendas Locales que se ha suscitado a raíz de la sentencia del TC que pone en duda el cobro de dicho impuesto si no se generan ganancias por la compra de un inmueble o terreno.
Todo ello "genera dudas a los ciudadanos por lo que prevemos que haya un incremento de reclamaciones". En este sentido, desde el Ayuntamiento llaman a la prudencia y recuerda que en estos momentos "no se está liquidando el Impuesto de Plusvalías en aquellos casos que haya dudas hasta esperar la resolución del Ministerio".
TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
El Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Logroño empezó a funcionar en octubre de 2004 en aplicación de la Ley de Modernización del Gobierno Local, que configuraba a Logroño como Municipio de Gran Población.
Supone una vía de reclamación gratuita para el contribuyente que le permite evitar la vía judicial, más lenta y con costes para el ciudadano en muchos casos.
El ciudadano cuenta con un plazo de un mes para presentar la reclamación desde el momento en el que se le notifica.