LOGROÑO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
Ante el debate abierto en el sector agrario riojano "sobre la crítica situación que atraviesa el sector vitícola", la Comisión del Vino de la UAGR-COAG plantea diferentes medidas encaminadas "a recuperar la rentabilidad de los viticultores de la DOCa Rioja".
A continuación se detallan los compromisos y acciones a desarrollar por las OPA que UAGR-COAG ha venido defendiendo en las diferentes reuniones mantenidas para poder recuperar la rentabilidad del viticultor en la DOCa Rioja. El documento completo, actualización incluida, puede verse en: https://www.uagr.org/propuestas-para-recuperar-la-rentabilid...
1.- Acuerdos en el seno de la OIPVR y el Consejo Regulador de la DOCa Rioja. Ante las decisiones a tomar, tanto en la OIPVR como en el Consejo Regulador de la DOCa Rioja, "proponemos que las organizaciones agrarias (que sumamos el 60% de los votos del sector productor) se comprometan a consensuar posturas a favor del sector productor con carácter previo a las votaciones en sendos organismos".
Estos acuerdos se adoptarán especialmente en materia de potencial productivo de la DOCa Rioja (nuevas plantaciones de viñedo), rendimientos de campaña para el vino amparado y aprobación de los presupuestos del Consejo Regulador.
2.- Grupo de trabajo de cambio de estatutos en la OIPVR. El sindicato propone "que las organizaciones agrarias se comprometan a apoyar los cambios necesarios en los Estatutos y Reglamento del régimen interno de la OIPVR para que la representatividad del sector productor sea la más real posible".
Para ello "es necesario trabajar en un cambio estatutario para que el censo de viticultores y el procedimiento de acreditaciones permita la exclusión del sector productor de grupos empresariales titulares de viñedo en los que sus socios sean coincidentes con los socios de bodegas inscritas en el censo del sector comercial".
3.- Contratos tipo-homologados de compraventa de vino y de uva con destino a la trasformación en vino. "Es necesario, además de estar en vigor la obligación del registro de contratos alimentarios derivado de La Ley 12/2013 de la Cadena Alimentaria, trabajar en el seno de la OIPVR para la publicación, puesta en marcha y fomento por las partes del uso de los contratos tipo homologados".
4.- Cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. El cumplimiento de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria "debe ser defendido por todos los actores de la cadena". Para velar por el cumplimiento y aplicación de la Ley están las Autoridades de Ejecución, tanto a nivel regional las designadas por cada Comunidad Autónoma, como a nivel nacional la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios).
"Las organizaciones firmantes se comprometen a denunciar antes estos organismos el incumplimiento de las disposiciones contempladas en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, en cuanto a inexistencia de contratos firmados antes de la entrega del producto, precio pactado por debajo de los costes de producción, pagos efectuados fuera de los plazos establecidos, o el incumplimiento de cualquier otra obligación reflejada en la Ley".
Así mismo, se comprometen a exigir a las Autoridades de ejecución de la Ley de la Cadena que las inspecciones, controles de oficio y sanciones sean efectivas, se cuente con los medios suficientes para ello y se haga el esfuerzo necesario para que el cumplimiento sea el deseado.
5.- Vendimia en verde, ayudas compensatorias e Intervención Sectorial de Vino (ISV). "Es necesario trasladar de forma conjunta y contundente a la administración regional la puesta en marcha de la vendimia en verde, con presupuesto suficiente y condiciones factibles para la mayoría de los viticultores. También, al igual que ha hecho el Gobierno Vasco, son necesarias las ayudas compensatorias y directas a los viticultores asociadas a la bajada de rendimientos que está asumiendo el sector.
Ante la baja rentabilidad del sector en los últimos años, y ante la falta de discriminación positiva y suficiente de la calidad por parte de las bodegas, es previsible que los viñedos más viejos de la DOCa Rioja, patrimonio enológico, vegetal y cultural por excelencia, sea objeto de reestructuraciones y arranques. Esto, además de la perdida que supone, va asociado a nuevas plantaciones de viñedos más productivos, algo que en estos momentos perjudica colectivamente al sector productor.
REGULACIÓN DEL POTENCIAL VITÍCOLA
6. Regulación del potencial vitícola. Suprimir el plazo de caducidad de las autorizaciones de plantaciones de viñedo (o ampliarlo a 8 años o más). Así los viticultores que arranquen viñedo podrán decidir cuándo replantarlo en un plazo mayor, si las condiciones lo aconsejan.
Habilitar un sistema de bloqueo de las autorizaciones de replantaciones (tanto las que estén pendientes de plantación como las nuevas que se puedan generar) mientras persista la situación actual de crisis. En estos momentos se está traspasando la masa de viñedo de los viticultores a las bodegas, por eso es importante terminar con la compra-venta encubierta de derechos de viñedo.
Arranques subvencionados con posibilidad de replantación cuando se supere la situación de crisis de mercado (y siempre con un mínimo de 8 años). La subvención financiaría el 80% del coste del arranque más un porcentaje de la pérdida de renta durante los años de inactividad.
Crecimiento de potencial vitícola: Fijar en el 0% la superficie nacional y por DOP anual dedicado a las nuevas plantaciones.
7.- Código de Buenas Prácticas Comerciales. Las organizaciones firmantes exigirán la redacción y puesta en marcha de un Código de Buenas Prácticas Comerciales de obligado cumplimiento para las bodegas inscritas dentro de la DOCa Rioja y para el resto de eslabones de la cadena alimentaria. Además, se solicitará que el cumplimiento de este Código sea criterio de priorización para todas las ayudas públicas que se establezcan.
Este Código tendrá como objeto, además de mejorar las relaciones comerciales entre los operadores, el de asegurar la rentabilidad para el sector productor.