MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El abogado Enrique Molina, que defiende a la mujer de Francisco Correa, aseguró hoy que la anulación de parte de las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre los imputados y sus letrados en prisión afectará a las declaraciones acordadas a porteriori de que las intervenciones se autorizaran.
"Las conversaciones en la prisión, que están mutiladas, afecta a las declaraciones que se hayan acordado después de que el juez Garzón las ordenara. No sabemos el contenido de las mismas", indicó Molina a Europa Press.
Su clienta, María Carmen Rodríguez Quijano, fue detenida el 6 de febrero de 2009, el día que se destapó la trama, y puesta en libertad por la Policía. La mujer de Correa fue nombrada directora financiera en enero de 2005 de la empresa Especial Events, cuyo administrador único es Pablo Crespo, uno de los presuntos cerebros de la trama Gürtel.
Además, Rodríguez Quijano fue jefa de gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda Guillermo Ortega, otro de los imputados en el caso, y secretaria general del partido en ese municipio.
ANULACIÓN DE PARTE DE LAS ESCUCHAS
Según publicó hoy el diario 'El País', la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulará parte de las intervenciones de las comunicaciones entre los cerebros de la trama de corrupción y sus letrados en la prisión de Soto del Real.
Los magistrados Francisco Vieira, José Manuel Pérez Robledano y Emilio Fernández de Castro concluyeron ayer las deliberaciones de los 23 recursos presentados por los letrados defensores. Al parecer, Vieira y De Castro abogaron por anular parte de las escuchas, mientras que Robledano se mostró a favor de validar las mismas.
En el caso de las declaraciones y otras pruebas obtenidas a raíz de las citadas conversaciones, su contenido se verá afectado po la denominada Teoría de los frutos del árbol envenenado. Esta teoría se fundamenta en que todos aquellos medios de prueba que, aún siendo lícitos, tienen su origen en los resultados que se obtienen a partir de una actuación ilegal, son ineficaces y, por tanto, no gozan de ninguna virtualidad en el proceso judicial.