La acusación en el juicio de la EMVS censura que sus pruebas se minimicen o ignoren en la sentencia

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una de las acusaciones en el juicio contra los responsables de la venta de 1.860 viviendas protegidas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Blackstone ha censurado que la sentencia absolutoria "minimice o ignore" la prueba que en el juicio acreditaba la carga incriminatoria.

El abogado Mariano Benítez de Lugo, que defiende a los afectados, ha explicado a Europa Press que se someterá a asamblea la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de absolver a los dos únicos acusados, aunque podría no impugnarse ya que la sentencia no condena en costas a los perjudicados.

Los magistrados afirman en la sentencia que "la temeridad o mala fe no se pueden identificar con el sostenimiento de una acusación que luego es considerada como no avalada por pruebas suficientes".

La Sala señala que lo que resulta decisivo es "si la acusación, sabiendo que su pretensión carecía de apoyo probatorio suficiente, ocultó de alguna forma esa realidad con la finalidad de que los órganos judiciales recibieran una impresión no correspondiente con ella, sometiendo a los acusados, de manera fraudulenta, a una situación procesal no justificada".

El letrado se ha mostrado contrario a que no haya prueba suficiente, dado que en el juicio hubo varias testificales e informes que acreditaban hechos de su acusación.

Por ejemplo, ha mencionado la testifical del exdelegado de Hacienda Carlos Sánchez Mato, quien respaldó la tesis de las acusaciones y criticó que se encargara a PwC una tasación externa. También critica que no se hayan mencionado los correos acreditados que mostraban que las negaciones para la venta estaban precocinadas desde febrero, meses antes de hacerse efectiva la operación.

"Esas afirmaciones son injustas y erróneas", ha aseverado el veterano abogado, quien ha recordado que Ana Botella no quiso dar ayudas a la EMVS mientras que ahora la resolución recoge sus manifestaciones acerca de que la situación económica de la empresa pública era desoladora cuando en otras ocasiones sí había otorgado ayudas.

"Es frustrante, entristece y da rabia ver cómo sale tan barato y con tanta impunidad tomar decisiones de esta índole desde las instituciones que destrozan familias y expolian el patrimonio de todos", ha subrayado a Europa Press Arantxa Mejías, portavoz de los afectados.

A pesar del revés judicial, los perjudicados recibieron el pasado enero una buena noticia en el ámbito civil al dar luz verde la justicia para que puedan comprar los pisos por un precio de entre 60.000 y 80.000 euros, el mismo al que los adquirió Fidere.

De este modo, los magistrados de lo Civil estimaban su demanda y declaran haber lugar al ejercicio del derecho de retracto sobre las viviendas en las que al tiempo de la venta figuraban como arrendatarias las familias demandantes.