La acusación solicita que se investigue al edil de Urbanismo de Alcorcón por la muerte de dos niños en una explosión

Los funcionarios investigados se desvinculan al afirmar que no participación en la ejecución de la obra

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La acusación particular ha solicitado que se investigue al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcorcón por su posible responsabilidad penal en el caso que se instruye por la muerte de dos niños como consecuencia de una explosión que se produjo el 7 de octubre de 2022 en un edificio en obras de Alcorcón.

El juez de Instrucción número 3 de Alcorcón ha interrogado este jueves en calidad de investigados a tres funcionarios del Ayuntamiento de esta localidad madrileña.

Entre las víctimas de la explosión había un bebé de nueve meses y su hermano de cinco años que falleció por inhalación de humo. La deflagración se debió a una chispa de una generadora que prendió un material aislante de unas obras que se realizaban en un restaurante.

A lo largo de la mañana, han comparecido el arquitecto municipal, el ingeniero municipal, el jefe de Sección de Disciplina y Control y un trabajador de la promotora por dos delitos de homicidio imprudente, otro de lesiones graves e imprudentes, daños y prevaricación urbanística.

Según fuentes jurídicas, los funcionarios habrían "echado balones fuera" al manifestar que no participaron en al ejecución de la obra y que su trabajo se limitó a revisar la documentación que les remitía.

La abogada de la familia ha reprochado sus manifestaciones, dado que considera que eran los responsables de revisar que se cumplían los requisitos para conceder la licencia de primera ocupación y asegurarse de que se realizaban los controles de seguridad.

"Si un edificio no está sectorizado pasa precisamente lo que sucedió", ha subrayado la letrada tras concluir los interrogatorios. Por eso, ha señalado que mantienen la petición de que se impute al concejal de Urbanismo conforme a cinco informes periciales que apuntan a que el edificio no contaba con sistemas anticipándoos para evitar que se propagase el humo y las llamas en caso de fuego.

El juez Agustín Carretero sospecha precisamente que la falta en el momento de construirse el edificio de la debida sectorización contra incendios pudo agravar el resultado del siniestro.

Hace ya un año, el juez interrogó en el marco de las diligencias como investigados a cuatro obreros y al coordinador de seguridad de la obra por un presunto delito de homicidio, lesiones imprudentes y daños.

Estos imputados se habrían parapeteado en un informe pericial, ratificado por el máximo responsable de los bomberos de este municipio, que exponía las deficiencias antiincendios del edificio al carecer de medidas contra el fuego en los falsos techos, incumpliendo la normativa.

A los responsables de las obras se les imputa además la presunta comisión de un delito conexo urbanístico y ordenación del territorio por vulneración de las directrices del Código Técnico de la Edificación. Mientras que a los funcionarios se les añade un delito de prevaricación urbanística.

El pasado julio, los arquitectos del edificio defendieron durante su comparecencia judicial que se cumplió con la normativa fijada en el código técnico de la edificación del inmueble.