Acusaciones critican al letrado del pederasta de Ciudad Lineal por hablar de "conspiración policial para culpabilizarlo"

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las cuatro acusaciones de la causa contra Antonio Ortiz, más conocido por el sobrenombre de 'pederasta de Ciudad Lineal' y condenado a 70 años y medio de cárcel por abusos sexuales a cuatro menores, han cargado hoy contra la defensa de éste por "acusar a la Policía de conspirar contra su cliente para culpabilizarlo".

Durante la vista para estudiar el recurso de impugnación de la sentencia contra el pederasta de Ciudad Lineal, celebrada este miércoles en el Tribunal Supremo, las cuatro partes acusadoras, véase el fiscal, los abogados de dos de las menores que fueron abusadas y la Asociación Clara Campoamor, han coincidido en la misma argumentación: "La defensa de Antonio se basa en acusar a la Policía de montar un complot contra él para culpabilizarlo de los abusos".

En su sentencia, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid consideró a Ortiz autor responsable de dos delitos de agresión sexual en concurso medial con dos delitos de detención ilegal, dos delitos de agresión sexual, dos delitos de detención ilegal y un delito de lesiones.

Por ellos le condenaron en febrero a 70 años y medio de cárcel. En cambio, los magistrados le absolvieron del delito de homicidio en grado de tentativa, cometido presumiblemente sobre una de las menores, y de otras dos faltas de lesiones.

Tras conocer dicho fallo, el letrado de Ortiz anunció que recurriría la sentencia en la que se le condenó por agredir sexualmente a cuatro menores entre septiembre de 2013 y agosto de 2014 en Ciudad Lineal.

Este miércoles, en la vista para argumentar su recurso, el abogado de Antonio, Cristóbal Sitjar, ha expuesto que se ocultaron hasta doce informes elaborados por la Policía sobre diferentes aspectos de la investigación, como el rastreo de los coches utilizados, las llamadas telefónicas y el registro de los pisos de la calle Santa Virgilia, donde se habrían cometido algunas de las agresiones, y de la calle Montearagón 5, donde residía el condenado.

En cuanto a esos registros, ha señalado que se realizaron sin la presencia ni del detenido ni del secretario judicial, lo que, a su juicio, "vulnera su derecho de defensa y hace desaparecer las garantías del procedimiento".

También ha impugnado las pruebas de ADN hallada en la ropa interior de las menores, y en cuya pericial los expertos ratificaron que el perfil genético de Ortiz fue hallado. Sin embargo, el letrado pone en duda esta afirmación, argumentando que el arcotipo de cromosoma Y es genérico y no era concluyente respecto a su patrocinado.

"Es familia genética con un antecedente común, pero no se demuestra que sea el suyo", ha dicho, para después cargar contra la cadena de custodia de estas pruebas, en la que "los agentes de Policía pudieron contaminar dichas pruebas". "Hubo errores en la manipulación de la ropa y en el laboratorio, no pueden tener validez", ha argumentado.

Otro de los 13 puntos de su recurso se ha basado en las supuestas contradicciones en el reconocimiento de Antonio por parte de testigos y víctimas como autor de los abusos.

En este sentido, ha apuntado a la rueda de reconocimiento, donde "uno de las menores no lo identificó, dijo que se parecía pero que no era él, que su agresor tenía el pelo negro mientras Antonio lo tiene castaño". Además, ha afirmado que se hicieron por lo menos tres retratos robot diferentes sobre sospechosos, cuando la sentencia "solo recoge uno".

En última instancia, se ha referido a la rueda de prensa del entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, después de la detención de Antonio. Según el letrado, en la misma el ministro difundió una imagen de su cliente, "algo que está prohibido", e incluso "insinuó que era el responsable de los abusos".

Para Sitjar, estas "graves" acusaciones afectaron al desarrollo de la investigación y "contaminó" el juicio de las víctimas, que "fueron motivadas a pensar que ese era su agresor".

ACUSACIONES: "SU DEFENSA ACHACA TODO A UN MONTAJE POLICIAL"

Por su parte, el fiscal ha indicado que "se cumplieron todas las garantías" tanto en los testimonios de las víctimas como en el resto de pruebas, y que "no procedía" incorporar todo el material de la investigación de la Policía al procedimiento judicial "a no ser que abundaran en un principio de fuente de prueba".

Además, como el resto de las acusaciones, ha acusado a la defensa de intentar achacar la condena a su cliente a "un montaje policial", lo que resulta "intolerable". "No se puede realizar una acusación tan grave", ha apostillado.

En cuanto a esa presunta contaminación que alegaba el letrado de Ortiz, el fiscal ha reiterado que se realizaron de tal forma para "proteger el interés del menor". "Así se hizo con la prueba preconstituida en la que intervino un psicólogo y que fue más que suficiente", ha señalado, aunque por otra parte ha matizado que es "difícil" conjugar la presunción de inocencia de un acusado con la protección de este interés del menor.

También ha recalcado que la prueba no fue "nula ni ilícita", ya que la Policía Científica "tiene unos protocolos anticontaminación que se cumplieron". "Aunque se demuestre que se contaminó desde luego tampoco es la prueba concluyente para culpabilizar o no a Antonio de los abusos, hay otras mucho más explícitas", ha recordado al abogado.

Con respecto a la aparición de la foto de Antonio en los medios de comunicación, ha expuesto que prohibir la difusión de imágenes del acusado "en un hecho tan luctuoso" sería "ir contra un derecho fundamental: la libertad de expresión", y ha asegurado que las mismas no influyeron en el reconocimiento de Antonio como autor de los abusos por parte de testigos y víctimas.

Por último, ha terminado su alegato defendiendo la "integridad" de la sentencia de la Audiencia Provincial, que "cumplió todos los canones propios de un proceso penal tanto en su investigación, valoración como enjuiciamiento de los delitos".

En la misma línea, el abogado de la testigo protegida número 3, una de las chicas que sufrió los abusos sexuales, ha hecho suyo el relato del Ministerio Público, y ha comenzado cargando contra la defensa de Antonio: "Nos encontramos ante un alegato literario en cuanto a una presunta conspiración para culpar a Antonio".

"Una acusación tan grave tiene que reunir pruebas sólidas, no es así", ha defendido vehementemente el abogado, que ha puntualizado que "hay pruebas que apuntan constantemente a su culpabilidad, pruebas con todas las garantías", para añadir que "no es cierto" que su representada no reconociera a Antonio como defiende su letrado. "No hay ningún tipo de declaración contradictoria, ni de testigos ni víctimas", ha espetado.

También ha replicado la aparición de fotografías de Antonio en medios de comunicación, ya que "ninguna menor manifestó haberlo visto en televisión". "Sí que lo vieron cuando abusó sexualmente de ellas", ha lamentado.

"¿Cómo se explica la huella dactilar de la niña en el domiiclio y la de su zapatilla? No se puede sostener que haya un complot. La niña estuvo en el domicilio, hay pruebas concluyentes. La prueba de cargo es abundante y suficiente", ha concluido el letrado.

Para finalizar, la abogada de la testigo protegido número 4 ha defendido como sus compañeros la actuación policial en el caso, y ha contado que en la rueda de reconocimiento su cliente ésta dijo "de viva voz quién era y señaló a Antonio con el dedo". "El informe de los psicólogos manifestó que los daños de la niña son compatibles con agresión sexual. Aún le produce estupor quedarse sola", ha destacado.