MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -
La adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, fue una decisión tomada por la Mesa del Parlamento madrileño de forma "unánime" y con "transparencia", según ha señalado este martes el secretario general del Consejo de Gobierno, Manuel Quintanar, tras el informe de la UCO que relaciona este proceso con supuesta financiación ilegal del PP de Madrid y vincula a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, con el mismo porque en aquella época era vicepresidenta primera.
En un encuentro con medios convocado a raíz de estas informaciones, el secretario general del Consejo de Gobierno ha explicado el proceso acompañado de la propia presidenta de la Comunidad, del consejero de Presidencia y portavoz, Ángel Garrido, y de un abogado de la Comunidad Carlos Moro, que han defendido la actuación de la primera reconociendo la complejidad de este tipo de procesos.
Así, ha indicado que el proceso de contratación fue "totalmente transparente y no responde a ninguna decisión individual". "Es un proceso reglado, en el que intervienen cuatro órganos de manera sucesiva, y cuenta con la participación de miembros de los distintos partidos políticos con representación parlamentaria", ha señalado.
En cuanto a los órganos que intervienen en el mismo, ha indicado que son el Comité de Expertos (cuyos funcionarios efectúan la valoración de las propuestas), la Mesa de Contratación, la Dirección General de Contratación, que efectúa la propuesta, y la propia Mesa de la Asamblea de Madrid, que es el órgano que finalmente efectúa la adjudicación.
Aquí ha explicado que la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid ha estado siempre compuesta por el Interventor, el jefe de Contratación, el director de Gestión Administrativa, el secretario general o un letrado, y los tres vicepresidentes, de cada uno de los partidos.
Sobre la presencia de Cifuentes, ha indicado que legalmente, por delegación del presidente de la Asamblea, corresponde al vicepresidente primero la Presidencia de la Mesa de Contratación, y "en calidad de tal asumió esa función Cifuentes entre 2007, siendo presidenta de la Asamblea María Elvira Rodríguez, y 2011, siendo presidente José Ignacio Echeverría".
En cuanto a la Mesa de Contratación, Quintanar ha señalado que hay cuatro técnicos y tres políticos de distinto signo: Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida, y por tanto, "es un órgano plural, sujeto a un procedimiento reglado, con decisiones colegiadas, que respetan los criterios técnicos".
Además, ha explicado que "cuando en una convocatoria existen criterios que dependen de un juicio de valor, se constituye un Comité de Expertos, y estos criterios son emitidos a través del informe de un funcionario, que se admite habitualmente sin objeciones por el resto de los miembros".
"Así fue en el concurso de la cafetería de la Asamblea de 2009 y 2011, donde el técnico que formaba parte del Comité de Expertos, emitió el correspondiente informe, que fue ratificado sin modificación alguna por el resto de los miembros, entre ellos, Cristina Cifuentes, siguiéndose en todo momento principios de objetividad, imparcialidad y legalidad", ha defendido.
En este punto, Quintanar ha destacado "que en ningún momento cuestionó ningún miembro de las mesas, ni ningún representante de los partidos políticos, la composición de este Comité de Expertos" y como ha señalado la propia Cifuentes después, ella formaba parte del mismo por decisión de la Mesa de la Asamblea.
ADJUDICACIÓN
Finalmente, ha explicado que la adjudicación definitiva de los contratos la hizo la Mesa de la Asamblea, compuesta por distintos partidos políticos, tras analizar la propuesta de la Mesa de Contratación, quien a su vez asumió el informe del Comité de Expertos.
"Dicha adjudicación se hace por unanimidad de todos los miembros de la Mesa de Contratación y de la Mesa de la Asamblea, sin reparo alguno, tanto en 2009 como en 2011, y respetando en su totalidad la puntuación efectuada por los técnicos", ha insistido.
Además, el secretario general del Consejo de Gobierno ha recalcado que efectuada la adjudicación, ninguna de las empresas que participaron en el concurso presentó recurso o alegación alguna para mostrar su discrepancia con el resultado.
En cuanto a la supuesta relación de Cristina Cifuentes con la adjudicación de la cafetería de la Asamblea en 2009 y 2011, y con Fundescam, ha señalado que la presidenta madrileña dejó de ser vocal de la Fundación en 2008, un año antes del primero de los concursos objeto de investigación.
"De acuerdo con los Estatutos, fue designada vocal de Fundescam por el Comité Ejecutivo del Partido Popular de Madrid, y cesó por el transcurso del tiempo de duración de su mandato, como consecuencia de la celebración del XIV Congreso regional del Partido Popular de Madrid en septiembre de 2008", ha relatado.
En definitiva, Quintanar ha indicado que este asunto es de "carácter estrictamente administrativo" en el que Cristina Cifuentes participó "formando parte de órganos colegiados en aplicación de la normativa legal" y donde se adoptaron "las decisiones por unanimidad, aplicándose en todo momento los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad".