MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI) y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) han reclamado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que se siente a negociar ya la recuperación de las viviendas.
También exigen la restitución de los derechos como moradores de vivienda pública. El Tribunal Supremo ha anulado de forma definitiva la venta de casi 3.000 viviendas públicas del antiguo IVIMA acometida en 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora por 201 millones de euros al desestimar el incidente de nulidad promovido por la Comunidad de Madrid.
Las entidades vecinales exigen a Díaz Ayuso "que deje de prolongar su inaceptable situación e inicie el proceso de recuperación de los inmuebles y la restitución de sus derechos como beneficiarias de vivienda pública".
"La Comunidad de Madrid debería poner fin a esta agonía, que durante siete años lleva haciendo la vida imposible a tantas familias necesitadas de vivienda social, pero mucho nos tememos que no va a ser así ya que este último recurso no era ni más ni menos que una argucia legal para saltar al Tribunal Constitucional y dilatar más aún esta barbaridad", ha expuesto el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos.
El pasado 12 de diciembre el Tribunal Supremo inadmitió los recursos de apelación presentados por el Gobierno regional y el fondo Goldman Sachs-Encasa Cibeles contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que da la razón a una familia damnificada.
Lo hizo al entender que la Administración no justificó debidamente que las promociones vendidas "no son necesarias para el cumplimiento de las funciones y competencias del IVIMA". La Comunidad de Madrid presentó un recurso de casación contra este fallo y ahora la Sección Tercera de Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal lo inadmite.
Además se volvió a declarar nula la operación de venta por la que el Gobierno regional se desprendió, "por un precio muy inferior al del mercado", de 2.935 pisos de 32 promociones de vivienda de protección oficial.
AVVI y la FRAVM consideran "inaceptable" que la Comunidad de Madrid "se alce en defensora sin complejos de los intereses del 'fondo buitre' en vez de velar por los intereses de las familias damnificadas, es decir, en vez de defender los derechos de los madrileños y madrileñas".
"Por eso exigimos a la presidenta Ayuso que se siente ya a negociar con los afectados y con Goldman Sachs-Encasa Cibeles para recuperar las viviendas públicas y poder restituir los derechos que nunca debieron ser eliminados a estas familias, que no hicieron nada para que les haya tenido durante tanto tiempo viviendo una agonía y una incertidumbre inaceptable en democracia", ha indicado Quique Villalobos.
"Aún quedan varios recursos judiciales por resolverse, pero esto no quita para que la Comunidad de Madrid pueda actuar inmediatamente para restablecer los derechos de las casi 3.000 familias afectadas", han sostenido.
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