El alcalde de Brunete entrega un certificado al juez de la Púnica para recalcar que no se contrató con Cofely

Solicitará el sobreseimiento de la causa este martes y defiende que simplemente hay un estudio de eficiencia a petición del PSOE

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, ha entregado al Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Púnica, un certificado elaborado por el Ayuntamiento que establece que no se ha contratado con Cofely ni ninguna empresa implicada en la presunta trama de corrupción.

Gutiérrez ha comparecido esta tarde ante la Audiencia Nacional en calidad de investigado por un supuesto delito contra la administración pública en los procesos de preparación de un contrato de eficiencia energética con la empresa Cofely, empresa investigada en el caso Púnica.

Fuentes jurídicas y municipales han explicado que el alcalde ha defendido su "inocencia" y han señalado que el regidor ha respondido tanto a las preguntas del magistrado con la Fiscalía, para insistir en la tesis de que no se ha contratado con Cofely.

Guitíerrez ha explicado el funcionamiento del Consistorio a la hora de estudiar y valorar aspectos de contratación pública y entiende que los investigadores del caso no conocen bien cómo funciona la administración local en estos aspectos.

Fuentes municipales indicaron la semana pasada que no existe ningún pliego de contratación con Cofely y que, por tanto, tampoco se llegó a adjudicar ningún servicio con la empresa, en relación al presunto delito contra la administración pública. Lo único que existe, precisaron, es un documento interno que elaboraron los técnicos municipales, que no llegó a salir a la luz y tampoco se llevó a ninguna comisión informativa.

En un auto emitido por el juez Eloy Velasco, entonces encargado del caso, se apunta a que la empresa Cofely encargaba encuestas políticas y de intención de voto en municipios en los que obtenía contratos, como sería el caso de Parla, Valdemoro, Brunete y Torrejón de Velasco.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Brunete ha emitido tras la declaración de Gutiérrez un comunicado donde avanza que el regidor solicitará este martes al juez el sobreseimiento de la causa, justo cuando termine la ronda de nuevas declaraciones acordada, y defiende que no tenía presencia en ninguna de las mesas de contratación.

En ese comunicado, el regidor ha querido aclarar que "jamás" ha existido contrato alguno entre el Ayuntamiento de Brunete y la empresa Cofely o cualquier otra sociedad vinculada en la trama Púnica".

"El Estudio de Eficiencia al que se hace referencia en las informaciones es un simple documento interno de trabajo, solicitado por iniciativa del Partido Socialista de Brunete", ha comentado para añadir que como regidor "no tenía presencia en ninguna mesa de contratación, cuyas decisiones aprobaba la oposición en mayoría" y ha defendido su "honestidad" en la gestión del municipio.

Por otro lado y respecto a las declaraciones de la presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien ha asegurado este lunes que el Comité de Derechos y Garantías aplicará al alcalde y presidente del PP Brunete, Borja Gutiérrez, el código ético del PP de Madrid, uentes próximas al regidor han indicado que éste considera que no ha incumplido el código de la formación.

EL EXDIRECTOR DE INDUSTRIA, TAMBIÉN CITADO COMO INVESTIGADO

El magistrado Manuel García Castellón también ha tomado declaración en calidad de investigado al exdirector general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, Carlos Jimeno, en relación a un contrato de servicio de eficiencia energética entre Cofely y el Ayuntamiento de Alcalá para seis colegios públicos, bajo sospecha al entender el magistrado que podría haber un presunto delito contra la administración pública.

Al respecto, fuentes jurídicas han explicado que el exalto cargo de la Comunidad de Madrid se ha mostrado "colaborador" durante el interrogatorio y que ha respondido a todas las preguntas que le ha formulado el juez.

El año pasado, Jimeno tuvo que dimitir de su cargo en el Gobierno regional tras verse salpicado por las revelaciones del sumario del caso Púnica. Según los datos recabados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, López Jimeno poseía un 20 por ciento de la sociedad Alba Ingenieros Consultores SL cuando, entre 2008 y 2012, que recibió casi 200.000 euros desde la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, de la que era también patrono.

Además, los investigadores de la UCO destacan en un informe un electrónico con fecha del 8 de noviembre de 2012 en el que Fernando Utrilla, empleado de Cofely, pide al directivo de esta firma Constantino Álvarez que intente gestionar la contratación de un cercano a López Jimeno en respuesta al "favor" que éste le había hechos "para el Ayuntamiento de Alcalá de Henares".

La UCO concluía que "resulta lógico pensar" que la petición de Álvarez a López Jimeno estaría relacionado con que Cofely fuera adjudicataria del contrato en dicha localidad madrileña.

Este lunes también han declarado en calidad de investigados el exgerente del instituto de Planificación y Gestión Ambiental de Alcalá, David Larrazabal, y el exasesor de la localidad Ferando García Rubio.

A su vez, este martes también está fijada la comparecencia como investigada de la edil popular en el Consistorio de Brunete y concejal de Nuevas Tecnologías del equipo de Gobierno local, Ana Cristina Gil Guerra, junto a su padre y secretario general del PP en la localidad, José Gil Granizo. También se cita a Lorena Crespo Iglesias en calidad de testigo.

La citación también se basa en presuntos delitos contra la administración pública por supuestamente participar en procesos de preparación de un contrato de eficiencia energética con Cofely.