La alcaldesa de Alcorcón solicitará nulidad de la causa que llevó a su inhabilitación si se avala liquidación de CREAA

ALCORCÓN, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha anunciado que pedirán anular la causa que derivó tanto en el concurso de acreedores como la sentencia que la inhabilita para administrar bienes ajenos si la Justicia avala la "nulidad" del contrato de liquidación de las obras del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón, que llevan más de diez años paradas.

"Pediremos que se retrotraigan todas las consecuencias derivadas del mismo, es decir, el concurso de acreedores y las resoluciones en el ámbito mercantil que tanto utiliza el Partido Popular", ha aseverado la regidora.

Al respecto, ha remarcado que "este contrato ha servido para promover el concurso voluntario de acreedores que solicitó el Gobierno del PP y que tuvo como consecuencia la liquidación de la empresa pública de vivienda".

Lo ha dicho tras conocerse que la concejal de Alcorcón Susana Mozo Alegre se sentará el próximo mayo en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid por la presunta comisión de un delito de prevaricación en relación a la liquidación por 34 millones de euros de las obras del CREAA en 2012.

Precisamente, la actual alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), por entonces en la oposición, fue quien interpuso la querella contra la concejal del PP --y el resto de personas "que durante el curso de la investigación se deduzca su participación en los hechos"-- en marzo de 2019

CASO

El pasado diciembre, el juez que instruyó el caso acordó la apertura de juicio oral, a instancias de la Fiscalía de Madrid, contra la concejal popular por un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal solicita que se inhabilite a Mozo para empleo y cargo público durante diez años y que se anule de pleno derecho el contrato de 9 de marzo de 2012 relativo a la citada liquidación.

Según el fiscal, la empresa municipal de la vivienda (EMGIASA) entró en 2012 en concurso de acreedores voluntario, al contar con un pasivo de más de 300 millones de euros. En ese momento, se estaba finalizando la obra de la CREAA, ideada por el anterior alcalde socialista.

Mozo Alegre firmó un contrato de liquidación de los 34 millones de euros de las obras, con la Unión Temporal de Empresas compuesta por FCC Construcción y Ferrovial Agroman. La concejala acusada era entonces consejera delegada de la empresa de la vivienda municipal y carecía de competencias para autorizar dicha liquidación, según el fiscal. Pese a ello, firmó el contrato "a sabiendas de que su decisión contravenía las facultades que tenía atribuidas".

Como consecuencia del contrato, EMGIASA resultó obligada a abonar a la contratista más de 33 millones de euros "a pesar de que la acusada sabía que no tenía capacidad para la firma del contrato al carecer de poderes para realizar disposiciones económicas superiores a los 90.000 euros".

"TOMEN DECISIONES"

Por todo ello, ahora la primera edil, que fue condenada --aunque está recurrido-- a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos precisamente por la quiebra de la empresa pública Emgiasa, ha exigido al PP que tome decisiones en torno a este asunto.

"Ya que se trata de un hecho muy grave: es la primera vez en nuestra historia que se abre juicio oral a un edil por un delito penal en el ejercicio de su cargo, un proceso por el que se solicita responsabilidad patrimonial", ha declarado.

De Andrés exige coherencia a los 'populares', "quienes han lanzado durante años campañas en torno a resoluciones mercantiles y a una inhabilitación que en ningún caso afecta al desempeño de un cargo público ni a la gestión municipal", y reitera que "si se confirma que este contrato nunca debió existir, exigiremos que se retrotraigan todas las consecuencias que se derivaron de aquella firma que resultó ser nefasta para esta ciudad y para su patrimonio".