Antiguos miembros de UPyD Madrid llevan a los tribunales al Consejo de Dirección y el Consejo Territorial por calumnias

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miembros del antiguo Consejo Local de UPyD ciudad de Madrid, que fue disuelto en noviembre, han llevado ante el Juzgado 87 de Madrid al actual Consejo de Dirección y al Consejo Territorial por un presunto delito de injurias y calumnias.

Según recogen los afectados en un comunicado, pretenden llegar a una conciliación como paso previo a una posible querella criminal, dado que hasta el momento no ha sido posible alcanzar acuerdo alguno.

Explican que en abril de 2017 se celebraron las elecciones tanto al Consejo Local de Madrid como al Consejo Territorial de Madrid y que "en ambos casos se produjeron victorias muy ajustadas, con solo dos votos de diferencia".

Así, han recordado que en Madrid Ciudad ganó la candidatura encabezada por Mario Cubo de María, que se convirtió en Coordinador del Consejo Local, frente a otra candidatura en la que figuraban Rubén Couso y Oscar Tejero, que tiempo después fueron incorporados al Consejo Territorial de Madrid, y también Alejandro Sanz Carrascal, hermano de Daniel Sanz Carrascal, miembro del Consejo de Dirección de UPYD.

Mientras que, por otra parte, las elecciones a Consejo Territorial de la Comunidad las ganó la candidatura formada por Cristina Pérez Gallego, Fernando Cortés, Juani Hernández Peces, Nuria Ceballos, entre otros.

A su parecer, el Consejo Local "nunca tuvo presupuesto para realizar su actividad". Al principio, presuntamente, "por escasez de medios del partido", aunque posteriormente el Consejo Territorial obtuvo ingresos por la venta de lotería, "ingresos que jamás repercutieron en la agrupación de Madrid".

Ante esto, "los miembros del Consejo Local cubrieron por su cuenta algunos gastos menores, no sin antes pedir asesoramiento al gerente del partido, Adrián Ortuño, sobre cuál era el modo correcto de proceder". Según aseguran, su respuesta fue "que ni era necesario ni se debía pedir facturas, y que tampoco informó de la necesidad de hacer tramite alguno".

Ya en abril de 2018," el portavoz nacional, Cristiano Brown, indicó la existencia de un escrito de acusaciones enviado por el por entonces responsable de Organización del Consejo de Dirección, Emilio Plaza Carcelén, en el que se recoge una acusación de 'tener una caja B' y habló de que el Consejo Local de Madrid podría estar incurriendo en financiación ilegal". Auque, tras unas explicaciones, "el asunto parece quedar zanjado".

"Los dos principales responsables del Consejo Local alegan en su momento que han seguido las instrucciones del gerente y pueden probarlo. También que el propio Consejo Territorial de Madrid reconoce en un informe de gestión que ellos también están corriendo con determinados gastos a título particular", han incidido los antiguos miembros de la formación.

No obstante, "y tras una serie de desencuentros", el coordinador y la responsable de Organización del Consejo Local dirigen un burofax a la dirección del partido pidiendo "aclaraciones sobre la forma correcta de realizar esas aportaciones, puesto que hay versiones diferentes por parte del gerente y por parte del portavoz del partido. Asimismo, reclaman "copia del escrito en el que se les ha acusado, pues en ningún momento se les da ocasión de verlo para conocer el alcance real de esas acusaciones".

En noviembre, "el coordinador, Mario Cubo, y la responsable de organización del Consejo Local, María José Álvarez, notan que no están recibiendo los mismos correos que el resto de los afiliados, y lo notifican a la responsable de Comunicación interna del CD, que no les responde".

Tal y como han continuado detallando, "días después se enteran por terceros de que en un correo que ellos no han recibido el CD declara disuelto el Consejo Local y nombra una gestora, entre cuyos miembros están Pablo Martín Ugalde, Mariu Galán y Alejandro Sanz Carrascal". Entre los motivos que dan se encuentra "el escrito con las acusaciones que en su día envió Plaza representando al Consejo Territorial".

Los antiguos miembros de UPYD han criticado que a lo largo de estos meses han recurrido, en varias ocasiones, a la Comisión de Garantías del partido, por diversos motivos como la incorporación al Consejo Territorial de un nuevo miembro sin proceder a su ratificación por los afiliados en Asamblea o por no haber resuelto la petición de medidas cautelares al ser disuelto el Consejo Local.