MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea de Madrid ha aprobado con los votos a favor del PP y en contra de la oposición la proposición de ley de medidas para la mejora de la gestión en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid presentada por los 'populares', que, entre otros, elimina el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid e incluye la enmienda del PP que busca blindar la Real Casa de Correos ante la Ley de Memoria Democrática.
Ha sido este viernes en un pleno extraordinario que ha seguido al que ha aprobado los Presupuestos de la Comunidad de Madrid. La enmienda del PP intenta impedir que la sede de la Presidencia Regional sea declarada Lugar de Memoria Democrática al haber albergado la Dirección General de Seguridad.
La misma recoge la obligación del Ejecutivo regional de "proteger y preservar la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia, la imagen institucional, el significado y el uso actual de la Sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid".
LA ENMIENDA DEL PP
En el caso de que se promuevan o realicen actuaciones que "directa o indirectamente perjudiquen o resulten incompatibles" con ello, los poderes públicos regionales "ordenarán el cese inmediato de aquellas y adoptarán medidas oportunas para reparar el daño".
También abordan la instalación de placas o distintivos, que requerirían "previa autorización" del Consejo de Gobierno y advierten de que no se podrá dar luz verde a la instalación de "ninguna placa o distintivo que pueda perjudicar o resultar incompatible" con los valores ya citados. Asimismo, plantean que los eventos a celebrar en la misma deban contar con el beneplácito de la Comunidad y que tampoco podrán celebrarse los incompatibles con "la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia y la imagen institucional de la Comunidad de Madrid".
Esta es una de las líneas del PP de Madrid para resistirse ante una medida que desde la Comunidad de Madrid se ha tachado de "auténtica barbaridad" al entender que el Ejecutivo de Pedro Sánchez busca "vincular" este edificio, "la casa común de todos los madrileños", con el Franquismo. Entienden, además, que hay una "invasión de competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid".
DEBATE PARLAMENTARIO
El debate parlamentario se ha centrado en gran parte en la enmienda de la Real Casa de Correos, para la que la diputada de Vox Ana Velasco ha mostrado su apoyo con el objetivo de evitar que sea un "símbolo de tortura" afirmando que es "imperativo proteger a nuestras instituciones y nuestra convivencia de los que cantan la internacional puño en alto en sus congresos".
"Tienen además planeado organizar con bastante ilusión cien homenajes para recordar al caudillo al que parece querer emular nuestro ínclito presidente Sánchez", ha lanzado. Asimismo, ha cuestionado si lo que quiere el PSOE es "proclamar la III República en 2031".
Cree la parlamentaria que se está poniendo "en grave peligro" la estabilidad política de España por "su fijación con la venganza" y "destruyendo el espíritu de la transición".
PSOE RECLAMA QUE SE PUEDA "CONTRIBUIR A LA VERDAD"
Por el PSOE ha intervenido Tatiana Jiménez, que ha criticado que el PP trate de evitar cumplir con la Ley de Memoria Democrática porque "les ha molestado bastante el inicio del procedimiento de declaración de lugar de memoria democrática a la extinta DGS Franquista".
"No pueden negar que fue un símbolo de la represión de la dictadura franquista, donde miles de personas fueron detenidas, interrogadas y sometidas a tortura por motivos políticos e ideológicos. Y es verdad, es historia de nuestra Comunidad que debemos respetar", ha lanzado.
El portavoz del PSOE aseguraba este viernes en los pasillos de la Asamblea que coordinarán la respuesta a esta aprobación entre el Grupo Parlamentario, el PSOE-M y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
MM NIEGA QUE HUBIERA "DOS BANDOS" EN LA GUERRA CIVIL
A continuación ha tomado la palabra el diputado de Más Madrid Juan Varela-Portas, que ha acusado al PP de dar "golpes autoritarios bajos a la democracia y a la participación social" con el intento de blindaje de la Real Casa de Correos y la supresión del Consejo de la Juventud.
"Su inconstitucional e ilegítima auto-enmienda para blindar el edificio de la DGS franquista de la Puerta del Sol frente a la memoria histórica, está también condenada al fracaso. Porque por mucho que lo intente, no van a poder silenciar la memoria de quienes fueron secuestrados, torturados y asesinados en la Puerta del Sol durante la dictadura", ha planteado.
Asimismo, ha negado que hubiera "dos bandos" sino "solo una dictadura criminal" y gente a la que "encarcelaban y torturaban por ser demócratas y luchar por la libertad".
PP CRITICA A LA IZQUIERDA
En cambio el diputado del PP José Virgilio ha censurado que se llegaba a hablar de una ley de "mejora de la gestión" que la izquierda ha convertido en "el primer acto de la conmemoración de los 50 años de Franco, su muerte en la cama".
Ha criticado que el Ministerio quiera vincular al franquismo la Puerta del Sol, que es "uno de los pocos vínculos emocionales que todavía queda a todos los españoles en común", el espacio con el que se da paso al año nuevo con el reloj de la Real Casa de Correos.
"Lo quieren convertir en un lugar no de recuerdos, sino de enfrentamiento y polarización. Y esto es lo que les quedaba en su ataque de Estado contra la presidenta. Llevan años tratando de difamarla a ella, difamar a su familia, de dónde vive y con quién vive. Y ahora a alguien se le ha ocurrido la genial idea, por qué no, de vamos a meternos con su lugar de trabajo", ha rematado.
LA LEY
Además de la eliminación del Consejo de la Juventud, introduce cambios en la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos, de Administración Local, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
También plantea modificaciones de la Función Pública, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, de Medidas Fiscales y Administrativas, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector Público; de Transparencia y de Participación, y la Ley Ómnibus de 2022 sobre medidas urgentes para el impulso de la actividad económica.
En el caso del transporte urbano clarifica el papel de las Mancomunidades en su gestión, mientras que en el caso de la de régimen local regula el trámite para emitir un informe de inexistencia de duplicidades.
Aborda también varios cambios en el Programa de Inversiones Regional (PIR) en el que introduce que tendrán prioridad los proyectos de competencias exclusivamente locales y elimina que los municipios de menos de 2.500 habitantes no tengan que cofinanciar las obras.
En la modificación de la Ley de Función Pública, crea el Cuerpo de Inspectores de Servicios Sociales cuya función es la planificación, gestión y ejecución de la función inspectora de los centros y servicios sociales en la región.
En el caso de la Ley de Patrimonio hace ligeros cambios sobre el arrendamiento de inmuebles de la Comunidad, al tiempo que en la de Medidas Fiscales y Administrativas reformula la Agencia para la Administración Digital reforzando su vínculo con la Consejería de Digitalización.
Crea a su vez un vicepresidente en el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, hace cambios en la Agencia de Contratación Sanitaria y se asigna al Consejo de Transparencia y Protección de Datos las funciones de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. En su función sancionadora será solo en el sector público y local de la región. Corresponderá al presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos acordar la incoación y dictar resolución en los procedimientos en materia sancionadora.