Aprobado en comisión el dictamen que ve a Aguirre, González y Granados como "responsables políticos" de casos como Lezo

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación sobre corrupción política ha aprobado, con los votos de los grupos de la oposición, el dictamen que recoge entre sus conclusiones que el PP pudo beneficiarse con desvío de fondos de fundaciones para financiarse campañas electorales, o que los exdirigentes Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados son "responsables políticos" de casos investigados en las sesiones, como Lezo o el de los espías.

PSOE, Podemos y Ciudadanos registraron en la Cámara regional las conclusiones derivadas de estas sesiones donde se han abordado temas sobre Inassa, Emissao y el campo de golf en Chamberí, relacionados con el Canal y enmarcados en el caso Lezo. Ahora, este documento de conclusiones del órgano parlamentario se remitirá a Pleno de la Asamblea de cara a su aprobación definitiva.

Los grupos parlamentarios también han analizado el supuesto espionaje a políticos del PP en la Comunidad, ahora en los tribunales; el de Arpegio, los cursos de formación con el caso Aneri, la venta de viviendas del IVIMA, el papel de la Agencia de Informática de Madrid, en el caso Púnica o Telemadrid.

Del dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press, se extrae que Francisco Granados, como consejero de la Comunidad, "tuvo responsabilidad en los casos de espionaje, Fundación Arpegio (convenios urbanísticos y PRISMA) y Telemadrid (derechos del fútbol).

Ignacio González, como vicepresidente y consejero de la Comunidad con Esperanza Aguirre y de 2012 a 2015 como presidente de la Comunidad de Madrid, "tuvo responsabilidad en casos como IVIMA, ICM, espionaje, Telemadrid (derechos del fútbol) y Canal de Isabel II".

Asimismo, Esperanza Aguirre, como presidenta de la Comunidad de Madrid "tuvo responsabilidad en la elección sus máximos colaboradores y no ejerció (premeditadamente o no) ningún control sobre las actividades irregulares de los miembros de su gobierno". Además, "ejerció arbitrariamente su poder para satisfacer caprichos personales utilizando las instituciones de la Comunidad de Madrid".

También destaca que el PP pudo ser beneficiado con desvíos de fondo desde fundaciones para financiarse campañas electorales. "Las instituciones y la Comunidad de Madrid gobernadas por el PP pudieron ser utilizados por los responsables de dirigirlos para obtener beneficios ilegítimos en favor de intereses partidistas, personales o empresariales", añaden.

Asimismo, en el texto determinan que la mayoría de los casos investigados "afectan a empresas públicas o entes de la Comunidad de Madrid". Al Canal de Isabel II que, con la creación Canal Extensia, "actuó sin ningún control en Latinoamérica; a ICM que en el año 2006 pasó de ser organismo autónomo a ser ente de derecho público", a Arpegio que, en el mismo año, fue autorizada para gestionar el PRISMA, un plan de inversiones con alta dotación económica, a través de una empresa privada".

En el caso de Telemadrid, concluyen que creó la empresa instrumental MDA, a lo que hay que añadir la creación de la Fundación Arpegio "sometida al derecho privado". "Sin duda, las empresas públicas de la Comunidad de Madrid fueron instrumentos para eludir o minimizar los controles propios de la Administración que son mucho más rígidos en materia de contratación, de pagos y de contratación de personal", han alertado.

También, han analizado que la Comunidad y sus instituciones, gobernadas por el PP, "pudieron ser utilizadas por los responsables de dirigirlas para obtener beneficios ilegítimos en favor de intereses partidistas, personales o empresariales".

PERSONAS A DEDO PARA DIRIGIR ENTIDADES PÚBLICAS

Además, creen que determinadas empresas "pudieron ser beneficiadas mediante contratos irregulares o adjudicaciones" a cambio de "favores" y asociaciones y otras entidades "pudieron ser beneficiadas" con subvenciones por su "afinidad" política con el gobierno del PP.

Asimismo, la comisión destaca la "falta de control del Gobierno" sobre "fondos, contratos y subvenciones", la "ausencia de rigor al enajenar o adquirir patrimonio público" y "la utilización reiterada de los concursos públicos para favorecer a determinadas empresas mediante el sistema de dar preponderancia en los Pliegos de Condiciones a las valoraciones subjetivas sobre las objetivas propiciando la manipulación".

"No sólo supone, sin duda, una mala y negligente gestión que perjudicó a los intereses patrimoniales de la Comunidad y, en algún caso, a los derechos de los ciudadanos, también indica una deliberada intención de no ejercer ese control o de ejercerlo sesgadamente en base a sus intereses", sostienen.

Del dictamen también se desprende que "de forma premeditada y estudiada, y para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, los responsables políticos designaban a personas de su entera confianza, y relacionadas con determinadas empresas, para dirigir las entidades públicas".

De esta manera "se logró crear una red clientelar en la Comunidad que permitía a los responsables políticos influir directamente en las decisiones de las distintas instituciones de la Comunidad de Madrid". "Esta red clientelar pudo llegar hasta instituciones de control autonómico e incluso al ámbito judicial, incluyendo la Fiscalía de Madrid", alertan.

Además, la comisión acusa en su dictamen al Gobierno regional de "obstaculizar" su investigación "propiciando la injerencia de la Justicia en las labores parlamentarias al solicitar informes sobre la procedencia del envío de la documentación solicitada".

Consideran que ello ha impedido que se pudieran investigar, por carecer de documentación, los dos últimos asuntos previstos en el Plan de Trabajo de la comisión como es el caso de la adjudicación de suelos públicos para colegios concertados a la empresa Alfedel, o la providencia judicial que extravió "casualmente" el Gobierno regional para entregar la documentación de las actas del Canal de Isabel II, relacionadas con el caso Lezo.

"Instamos al Gobierno a promover cuantas acciones judiciales sean necesarias para exigir responsabilidades civiles contra los responsables de los quebrantos patrimoniales de los recursos públicos para la recuperación del daño económico provocado al patrimonio público, en particular en los casos en los que la Comunidad está personada", han pedido.