Archivada la denuncia de 36 afectados por Valdemingómez contra director de Evaluación Ambiental acusado de prevaricación

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de Instrucción de Madrid número 49 ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia presentada por 36 personas afectadas por la actividad de la incineradora de Valdemingómez contra el exdirector general de Evaluación Ambiental José Trigueros al que acusaban de prevaricación.

Un total de 36 personas, familiares de fallecidos o que padecen graves enfermedades que pudieran presuntamente relacionarse con la actividad de la incineradora, presentaron el 24 de noviembre de 2015 una denuncia penal en los juzgados de Plaza de Castilla contra Trigueros, que en el año 2008 emitió la autorización ambiental a la incineradora.

Los denunciantes entienden que esa autorización se realizó sin Estudio de Impacto Ambiental previo y remarcan que hay afectados por dolencias que relacionan con la actividad de la planta 15 mujeres y 21 hombres (15 ya han fallecido).

En el auto, fechado a 24 de enero de 2017 y al que ha tenido acceso Europa Press, el juez desestima la denuncia al entender que no se aprecia tal delito de prevaricación "dejando a salvo no obstante el derecho que pudiera asistir a los perjudicados para ejercitar las acciones civiles que pudieran corresponderles".

Por un lado, el magistrado destaca que el investigado ostentó el cargo de director general de Evaluación Ambiental desde el mes de julio de 2007 hasta el mes de julio de 2011 mientras que la incineradora "comienza a funcionar en el año 1995 y es el 28 de mayo de 1997 cuando se autoriza su funcionamiento".

"Por tanto, el comienzo del funcionamiento de la incineradora está fuera del espacio temporal en el que el investigado ostentaba el cargo del director general", destaca, al tiempo que añade que el entonces director "no adoptó resolución distinta que la que contenía la propuesta de resolución por los técnicos correspondientes con el visto bueno de la jefa del Área de Evaluación Ambiental".

Igualmente consta, continúa el auto, "que la técnico superior de salud pública y el jefe de Subsección de Evaluación de Riesgos de Impacto Ambiental de la Comunidad de Madrid mantuvieron que el proyecto presentado y la documentación aportada eran suficientes y conformes con el conocimiento científico técnico a la fecha del informe y la normativa de salud ambiental vigente".

Como han explicado desde Rivas Aire Limpio y Plataforma Aire Limpio-Residuos Cero Madrid, los denunciantes tienen hasta cinco días para recurrir e informan que van a hacerlo, pues entienden que "aunque no se tratara de un proyecto, las autoridades responsables de la Calidad Ambiental tenían la obligación de hacer una Evaluación Ambiental de la instalación que no han hecho".

AFECTADOS

Por su parte, desde la plataforma de afectados han asegurado que hay 9 personas con cáncer de pulmón, cinco de próstata, cuatro de mama y el resto con diversas dolencias como cáncer de colon, linfoma, cáncer en el cerebro, fibromialgia, cáncer de páncreas, piel, vejiga, útero, vaginal, lengua y leucemia.

Según explican, los afectados tuvieron su domicilio o lugar de empleo en Rivas Vaciamadrid; 32 de ellos a una distancia entre 4,80 y 5,56 kilómetros de la incineradora y los cuatro restantes entre 6,42 y 7,5 kilómetros.

En la denuncia aseguraban que desde su puesta en marcha en 1993, 32 personas afectadas han sufrido las emisiones de la incineradora, por su domicilio o empleo, durante más de 12 años, antes de ser diagnosticados de su enfermedad. Los cuatro afectados restantes han sido diagnosticados de su enfermedad, entre 2 y 8 años después de vivir o trabajar en las proximidades de la incineradora.

La denuncia se amparó en estudios que "respaldan la hipótesis de un incremento significativo del riesgo de muerte por cáncer en las localidades próximas a incineradoras". Por ello consideran que las enfermedades, de ellas mismas o de sus familiares, pudieran ser consecuencia de las emisiones tóxicas de la incineradora y el complejo de Valdemingómez.

La empresa propietaria de la incineradora, exponen, tuvo que solicitar una Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la obtuvo en el año 2008, pero sin realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) previo y sin que la Administración medioambiental de la Comunidad de Madrid se lo requiriera.

Por ello los denunciantes consideran que la resolución del entonces director general de Evaluación Ambiental se resuelve de manera "arbitraria e injusta", al conceder la autorización, sin prestar "atención a los efectos que sobre la salud de las personas y el medio ambiente", según recoge la denuncia. Además de la denuncia, los denunciantes iniciarán una campaña de recogida de firmas por Internet.