MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Española de Protección de Datos ha archivado la denuncia presentada por CCOO y PSOE contra supuestas irregularidades en materia de protección de datos en la celebración de las pruebas externas de evaluación de 3º y 6º de Primaria del año 2016.
En una resolución de este organismo, a la que ha tenido acceso Europa Press, el organismo considera que se han respetado la "confidencialidad" de los datos de los alumnos y que las pruebas están previstas en la normativa estatal y en diversas resoluciones de la administración regional, por lo que los tratamientos de datos de alumnos están "exceptuados de obtener el consentimiento de los afectados y sus representantes".
Con ello, rechaza los argumentos expuestos en su recurso por parte del sindicato y del PSOE que sostenían que no se había respetado la confidencialidad de los datos de los alumnos y no se había solicitado el consentimiento de las familias para realizar este prueba.
En este sentido, expone que la normativa recoge que no será preciso el consentimiento del afectado cuando "los datos de carácter personal que se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las administraciones públicas en el ámbito de su competencia".
En el caso analizado, entiende que la realización de la prueba individual y el cuestionario para alumnos de 6º y 3º de Primaria y a sus familias están recogidos en la normativa estatal y autonómica, y entran en las excepciones descritas.
Sobre el cuestionario de contexto, el organismo detalla que es necesario "poner en relación los resultados obtenidos en el contexto social, económico y educativo de los alumnos del centro, con el fin de que la intervención educativa intente compensar las diferencias socioeconómicas que traen al centro los estudiantes desde sus hogares, es necesario conocer cuál es ese contexto".
También precisa que este cuestionarios deben ser cumplimentados por el director del centro y las familias, y en el caso de los alumnos de 6º curso debían ser rellenados también por el propio estudiante.
Así, explica que la "responsabilidad de la confidencialidad" del sistema recae en los directores de centros educativos, quienes informan a las familias a través de cartas y se explica que las familias deben devolver el cuestionario cerrado. Además, en diversas reuniones se indicó por parte de la Consejería que "debían respetar la confidencialidad del cuestionario".
A su vez, se detalla el "procedimiento de anonimización" de los cuestionarios con una "codificación" de variables de identificación de los expedientes, con dos claves para asegurar el anonimato conforme a la resolución de la propia Consejería.
"La utilización de ambas claves anónimas conllevó que los correctores de los cuestionarios nombrados por la Consejería no supiesen de que centro educativo se trata ni identifiquen al alumno que están corrigiendo y tampoco la identidad de los alumnos al manejar unas claves no identificadas con un alumno en concreto", expone la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos.
El organismo insiste en que la normativa estatal y autonómica avalan la realización de la prueba individualizada y los cuestionarios asociados a la misma.