Arranca este jueves la auditoría forense encargada por la URJC para analizar la contabilidad del polémico IDP

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La auditoría forense encargada por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para analizar la contabilidad del polémico y extinto Instituto de Derecho Público (IDP) ha arrancado este jueves, según han indicado a Europa Press fuentes universitarias.

El objetivo de este análisis contable es recopilar toda la información sobre los años de actividad de este instituto para elaborar un informe pericial que se adjuntará a la causa judicial por presunta malversación contra el exdirector del IDP y catedrático de la URJC, Enrique Álvarez Conde.

En mayo de este año la URJC denunció "graves irregularidades económicas" en la gestión de este ente, que actuaba sin supervisión de la URJC y no disponía de contabilidad oficial y el uso de tarjetas de crédito para gastos "aparentemente personales".

El Instituto de Derecho Público organizó los polémicos másteres que cursaron la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y la exministra de Sanidad Carmen Montón. Además, se detectaron transferencias bancarias "a cuentas en apariencia particulares", retirada de cantidades en metálico sin justificar su destino, inversiones en un fondo de alto riesgo.

También han comenzado otras dos auditorías en el Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales, que funcionaba con CIF propio aunque sus cuentas ya se han incorporado a la universidad, y en el Centro de Formación Permanente, dado que se ha comprobado que dos de sus empleadas fueron contratadas por el IDP y no de forma directa por la URJC. Se tratan de dos auditorías que se realizan con "carácter preventivo", exponen las mismas fuentes.

Por otro lado, se han puesto en marcha otras auditorías sobre procedimientos de la institución que persigue aportar una "foto fija" para simplificar procesos y adoptar medidas de cara a adaptar a la institución a las posibilidades que ofrece la administración electrónica.

Se tratan de auditorías e informes periciales que se han adjudicado con concurso público y se estima que todos estén completados entre tres o cinco meses.

Además, se han desplegado otra serie de auditorías sobre los centros propios de la universidad y se han trasladado una serie de recomendaciones con la información recopilada.