MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea de Madrid cierra este viernes sus puertas por Navidad y hasta febrero con la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2025 y dos leyes: la proposición de ley de medidas para la mejora de la gestión en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid y el Proyecto de Ley de medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio.
Así, este viernes contará con dos plenos, uno ordinario en el que se votarán las Cuentas Regionales de 2025 tras el debate de las enmiendas que ha tenido lugar este jueves y un pleno extraordinario --que arrancará cuando acabe el primero-- en la que entrarán las otras dos normas que, previsiblemente, saldrán adelante con la mayoría absoluta del PP.
La de mejora de la gestión en el ámbito local y autonómico propuesta por el Grupo Parlamentario Popular recibió el rechazo de la izquierda al incorporar como uno de sus puntos la supresión del Consejo de la Juventud (CJCM) para crear un organismo con esas funciones pero dependiente de la Comunidad de Madrid.
El CJCM es un espacio de participación que acoge a más de 40 entidades juveniles de diversos ámbitos: entidades de educación no formal que trabajan con niños y adolescentes, entidades sociales, secciones juveniles de partidos políticos y sindicato, estudiantiles, feministsas, ecologistas y otras más, según recoge en su propia web.
LEY DE MEJORA DE LA GESTIÓN DEL ÁMBITO LOCAL Y AUTONÓMICO
Además de la eliminación del Consejo de la Juventud, introduce cambios en la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos, de Administración Local, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
También plantea modificaciones de la Función Pública, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, de Medidas Fiscales y Administrativas, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector Público; de Transparencia y de Participación, y la Ley Ómnibus de 2022 sobre medidas urgentes para el impulso de la actividad económica.
En el caso del transporte urbano clarifica el papel de las Mancomunidades en su gestión, mientras que en el caso de la de régimen local regula el trámite para emitir un informe de inexistencia de duplicidades.
Aborda también varios cambios en el Programa de Inversiones Regional (PIR) en el que introduce que tendrán prioridad los proyectos de competencias exclusivamente locales y elimina que los municipios de menos de 2.500 habitantes no tengan que cofinanciar las obras.
En la modificación de la Ley de Función Pública, crea el Cuerpo de Inspectores de Servicios Sociales cuya función es la planificación, gestión y ejecución de la función inspectora de los centros y servicios sociales en la región.
En el caso de la Ley de Patrimonio hace ligeros cambios sobre el arrendamiento de inmuebles de la Comunidad, al tiempo que en la de Medidas Fiscales y Administrativas reformula la Agencia para la Administración Digital reforzando su vínculo con la Consejería de Digitalización.
Crea a su vez un vicepresidente en el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, hace cambios en la Agencia de Contratación Sanitaria y se asigna al Consejo de Transparencia y Protección de Datos las funciones de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. En su función sancionadora será solo en el sector público y local de la región. Corresponderá al presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos acordar la incoación y dictar resolución en los procedimientos en materia sancionadora.
LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Por otro lado, el Proyecto de Ley de medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio busca continuar con la senda de "reformas estructurales" que el Ejecutivo quiere impulsar buscando facilitar "el desarrollo económico y los proyectos urbanos" así como dar respuesta "a diversos problemas detectados a lo largo de varios años de gestión", según ha defendido el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad, Carlos Novillo, .
Desde el Gobierno regional han defendido que esta iniciativa supondrá "una actualización, racionalización y simplificación de la normativa de la Comunidad de Madrid en los ámbitos medioambiental, territorial y urbanístico".
Concretamente, buscan "facilitar el desarrollo de grandes proyectos" y "acelerar la edificabilidad porque se podrá solicitar licencia desde el momento de la reparcelación, lo que supone un adelanto de cerca de un año en los plazos".
También se pretende agilizar "los trámites urbanísticos municipales tras la aprobación de las 'Leyes Ómnibus' y de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida", permitiendo a los ayuntamientos ir avanzando en el "planeamiento mientras se sigue tramitando la nueva reforma integral de la Ley del Suelo, actualmente en preparación".
De cara a agricultores y ganaderos, se reducirán las autorizaciones urbanísticas y modernizarán los regadíos, "que supondrá un ahorro de agua y la mejora de la rentabilidad de las explotaciones agrarias". Asimismo, se permitirá que haya "más usos y actividades en el suelo rural, así como la comercialización de los productos agroalimentarios en la propia instalación para una mayor competitividad".
Además, con la nueva reforma legislativa se quiere fomentar la instalación de Centros de Procesamiento de Datos en Suelo Urbanizable No Sectorizado (el que no se encuentra delimitado en parcelas, sectores o áreas, por lo que su transformación está contemplada a largo plazo), mediante la fórmula de Proyecto de Actuación Especial, que agiliza los plazos de tramitación.
En lo relativo al uso del agua, la nueva ley agiliza el procedimiento de aprobación de proyectos de obras de infraestructuras hídricas, "con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos relacionados con la gestión del ciclo del agua".