El Ayuntamiento de Getafe reclama que se modifique la autorización que permite la actividad de Corrugados

La Comunidad de Madrid recuerda que el Ayuntamiento de Getafe ostenta competencias detalladas sobre el ruido a través de su ordenanza

GETAFE, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getafe ha reclamado a la Comunidad de Madrid que modifique de oficio la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que permite la continuidad de las actividades de Corrugados en las actuales condiciones de ruido y emisiones.

Según el Gobierno municipal, la única administración competente para vigilar y sancionar "los incumplimientos de la actividad de Corrugados en lo que a ruidos se refiere", ya sea en zona residencial o industrial, es la Comunidad de Madrid.

Asimismo, han revelado que Corrugados reclamó en los tribunales por un estudio de ruido en zona residencial solicitado por el Ayuntamiento para comprobar que las medidas implantadas por la empresa eran efectivas.

El Ayuntamiento pretendía exigir el cumplimiento de su propia normativa, a través de la Ordenanza municipal para la Protección del Medio Ambiente, invocando a su favor todas las disposiciones legales que atribuyen a los ayuntamiento competencias en materia de control del medio ambiente y, específicamente, la legislación en materia de protección frente a la contaminación acústica.

Así, consideran que tanto la justicia como los informes jurídicos de la Universidad Carlos III coinciden en que la Consejería de Medioambiente debe hacer frente a la vigilancia "y los incumplimientos de la actividad de la empresa", puesto que es esta quien concede la AAI, lo que incluye las sanciones por ruido en zona residencial, "que de forma equivocada o intencionada, se había atribuido al Ayuntamiento".

Por ello, el Gobierno municipal quiere que la consejera de Medioambiente, Paloma Martín, "asuma sus competencias y responda a las exigencias que tanto los vecinos como el Ayuntamiento vienen denunciando en lo que respecta a ruidos en zona residencial desde 2014".

"Se da la circunstancia de que, según la información que ha recibido el Ayuntamiento tras innumerables solicitudes, la Comunidad de Madrid ha abierto 8 expedientes por incumplimientos a Corrugados en los últimos 6 años, de los que tan solo ha resuelto uno a día de hoy con una sanción económica", han subrayado.

Además, han manifestado su sorpresa por "el control que se está haciendo de la AAI en todos sus extremos, ya que tanto vecinos como Policía Local han recogido en los últimos meses posibles nuevos incumplimientos".

Por último, han recordado que esta es la cuarta vez en los cinco primeros meses del año que reclaman que la Comunidad de Madrid debe modificar de oficio la AAI que permite la actividad de la empresa en las actuales condiciones, pero hasta la fecha la consejera Paloma Martín no ha respondido ninguna de estas reclamaciones".

LA COMUNIDAD ASEGURA QUE LAS COMPETENCIAS SON DEL AYUNTAMIENTO

Frente a las quejas del Ayuntamiento, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid ha asegurado hoy a Europa Press que Getafe dispone de la Ordenanza General para la Protección del Medio Ambiente con competencias muy detalladas sobre el control del ruido.

También tiene obligación por Ley de desarrollar mapas estratégicos de ruido en el término municipal, así como proponer planes de acción para definir los objetivos de calidad acústica. Dicha ordenanza incluye también la potestad sancionadora, recuerdan.

Así, desde la Comunidad de Madrid sostiene que la afirmación que hace el Consistorio municipal sobre la exclusiva competencia del Gobierno regional en materia de control de ruido se deriva de una interpretación que han hecho de la sentencia que no aborda el ruido como cuestión de fondo.

A finales de 2021 se llevó a cabo una campaña conjunta, entre la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Getafe, para el control de diferentes ámbitos ambientales relacionados con la instalación Corrugados Getafe.

En dicha campaña, la Comunidad se encargó de realizar mediciones sobre determinados aspectos sobre los que ostenta competencias, en concreto del ruido industrial y de las emisiones, avaladas por la Abogacía de la Comunidad de Madrid en un informe. Mientras que el Ayuntamiento, dentro de sus competencias, se encargó de las mediciones del ruido residencial, inmisión y olores.