Ayuntamiento presenta un nuevo PEF y exige la financiación que le corresponde por competencias impropias

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves un nuevo Plan Económico-Financiero (PEF) 2017-2018 después de liquidar 2016 con un superávit fiscal de 1.022 millones, una "considerable reducción" de la deuda, un "significativo" incremento del gasto social y de las inversiones pero con un incumplimiento de la regla de gasto en 233 millones.

   Así lo ha señalado este jueves el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, en rueda de prensa, en la que ha anunciado que el Consistorio requerirá la aprobación de un nuevo marco de financiación local y autonómica por las competencias impropias.

   Supondría poder contar al menos con el 50 por ciento de la financiación que le corresponde acorde a la ley para cubrir el gasto de las competencias impropias, estimadas en 496 millones en 2017 y 508 millones en 2018. Sánchez Mato ha asegurado que la línea roja del Gobierno, consensuada con el PSOE, es que no haya recortes.

   El delegado ha destacado que el abanico de negociación es limitado y se queda únicamente en el PSOE, que defiende políticas similares en este terreno a las de Ahora Madrid, porque "PP y Ciudadanos quieren recortes en esta ciudad pero no los llaman así". "Son incapaces de decir cómo cumplirían con la regla de gasto sin recortes", ha dicho el edil, que ha señalado que ya ha habido negociaciones con el PSOE y ha adelantado que el Gobierno tendrá una posición favorable a las enmiendas que presenten los socialistas.

   Ahora el PEF pasará por la comisión de Economía y Hacienda y se elevará al Pleno de marzo para su aprobación definitiva. En el plazo de cinco días sería remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Sánchez Mato es "optimista" con respecto a la futura respuesta del departamento que dirige Cristóbal Montoro.

   En las líneas fundamentales del PEF se detallan los motivos por los que se ha sobrepasado la regla de gasto en 2016 en 233 millones, aportan garantías de estabilidad presupuestaria y se propone una interpretación de la regla "más acorde con la realidad económica de los municipios y con las necesidades de la ciudadanía", ha dicho.

   Los motivos indicados por el Ayuntamiento por el que se incumplió la regla de gasto en 2016 según la interpretación que hace el Ministerio de Hacienda pasan por la amortización adelantada de deuda, que fue penalizada con un coste de 1,8 millones de euros, un gasto que, como ha recordado Sánchez Mato, "no decidió acometer el equipo de Gobierno sino que la ley obliga a ello".

   Entre los motivos del incumplimiento se encuentran los 101 millones de gastos derivados de la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales firmes no previstas en 2016 y que son consecuencia de la gestión de gobiernos anteriores, además del cambio de política de vivienda desde un modelo de venta a un modelo de alquiler. Supone contablemente un incremento del gasto contable, que no real, por 70 millones de euros.

   También habría que incluir las medidas de ahorro del gasto en alquileres a medio plazo y los gastos financiados con ingresos de particulares por valor de 6,6 millones. Y es que, como han explicado desde el Ayuntamiento, algunas actuaciones y obras que benefician a particulares son realizadas por el Consistorio, que les acaba cobrando el servicio a través de impuestos específicos (vados, vallas...). "Es un gasto no previsto y no controlable que no debería computar para la regla de gasto", han apostillado.

   A eso se suman los 428 millones de gasto derivado de competencias impropias que está prestando el Ayuntamiento "con sus propios recursos, a pesar de que debería estar financiado por la Comunidad y el Estado". "Si tuviesen la financiación que recoge la legislación no computarían para la regla de gasto", han añadido.

   Desde el área insisten en que la regla de gasto no se ajusta a la realidad sino que es "una limitación impuesta por la Ley de Estabilidad Presupuestaria que impide a los ayuntamientos aumentar el gasto público más allá de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española".

   Como ha explicado, su cálculo fue diseñado en un periodo en el que la mayoría de corporaciones locales incumplían los objetivos de estabilidad presupuestaria y en el que se consideraba prioritario contener el gasto público local pero en la actualidad la mayoría de los ayuntamientos más importantes cumplen "sobradamente" los requisitos de déficit, deuda y pago a proveedores, por lo que continuar restringiendo el gasto resulta "contraproducente" para las necesidades ciudadanas.

   Así, ha expuesto Carlos Sánchez Mato, se da el caso del Ayuntamiento de Madrid, que tiene un superávit de 1.020 millones de euros en 2016 que "debería poder usar de manera responsable para mejorar el bienestar de la ciudad y de sus habitantes".

PROPUESTA DE REVISIÓN

   El Gobierno municipal plantea una revisión de la interpretación de la regla de gasto para que sea más flexible, así como una serie de medidas que reducirían el gasto computable. La propuesta consiste en que esté supeditado al gasto realizado en 2013 --año anterior a la puesta en marcha de la regla de gasto-- ya que, de ser así, el Ayuntamiento de Madrid no la habría incumplido "ningún año".

   Las medidas a adoptar en el ejercicio actual y en 2018 son acciones, cantidades y gastos que no computarían en la regla de gasto, de acuerdo al planteamiento del Gobierno municipal. Aquí se incluye el requerimiento de un nuevo marco de financiación para poder contar, al menos, con el 50 por ciento de la financiación que le corresponde acorde a la ley, para cubrir el gasto derivado de las competencias impropias.

   Otra medida tiene que ver con una serie de inversiones reales por importe de 104,6 millones de euros en 2017 que serán financiadas con el remanente de tesorería dado que cumplen los requisitos para ser tratadas como Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Esta cifra tampoco contaría para la regla de gasto.

   Igualmente se emprenderán acciones encaminadas a optimizar al máximo la ocupación de los edificios en propiedad municipal para poder adecuarlos a su mejor uso y reducir así el coste de los arrendamientos y, por tanto, el gasto que computa para la regla de gasto.