Al banquillo el alcalde de Colmenar y dos exalcaldes del PP acusados de prevaricar en 16 licencias urbanísticas

Se pide la inhabilitación especial del actual alcalde durante 8 años para que no pueda ejercer como cargo público

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 11 de Madrid juzgará en el primer trimestre de 2021 al alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, a sus dos antecesores en el cargo, a dos concejales y a siete exediles, todos ellos del PP, acusados de prevaricar en 16 expedientes urbanísticos al conceder licencias para construcciones de viviendas con informes desfavorables, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El juicio estaba previsto para los meses en los que se produjo el parón judicial por el Covid. Ahora, según las mismas fuentes, una providencia del Juzgado plantea que la vista se deberá celebrar en el primer trimestre de 2021.

El alcalde de Colmenar, ha señalado a Europa Press, que se alegra de que "por fin se abra juicio y todo se aclare como parece, en cosa de meses". "Llevo siete años sentándome en un banquillo paralelo al de la justicia y lo único que yo hice, aunque era concejal de Cultura, fue ser miembro de la junta de gobierno que dio la licencia de ocupación a una cooperativa para que las familias que la formaban accediesen a sus casas, solo a falta de formalizar el contrato con Iberdrola", ha señalado.

El alcalde ha reconocido sentir también "tristeza". "Algo debe fallar en nuestra justicia cuando nuestros abogados todavía no conocen nada relativo a esto mientras hace semanas que la prensa cuenta con detalles", ha señalado en sus redes sociales.

Además del actual regidor, en el banquillo se sentarán los exalcaldes Miguel Ángel Santamaría y José María De Federico, así como dos concejales actuales del Gobierno municipal y siete exediles por la presunta comisión de un delito de prevaricación urbanística, según consta en el auto de procesamiento, al que tuvo acceso Europa Press.

La Fiscalía solicita para los doce acusados penas de hasta 3,6 años de prisión e inhabilitación especial hasta 10 años para el ejercicio de cargo público y empleo.

En su escrito, el fiscal solicita para el actual alcalde dos años de prisión y ocho años de inhabilitación especial para ejercer como cargo público.

Al exalcalde Miguel Ángel Santamaría se le piden 3,6 años de prisión, al igual que se pide para la concejal de Hacienda, Belén Colmenarejo. Esta misma pena se pide para otros seis exediles acusados. El primer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano, Carlos Blázquez Rodríguez, se enfrenta a dos años de prisión y a inhabilitación de ocho años, al igual que se pide para otros dos exdiles acusados.

Esta misma pena pide para otros dos exediles. También están procesados el exalcalde José María de Federico Corral y otros cuatro exediles del PP de Colmenar Viejo.

La investigación judicial se inició a raíz de dos querellas de la Fiscalía de Medio Ambiente en dos juzgados de Colmenar. Tras las pesquisas, la juez apuntó a un total de 16 infracciones llevadas a cabo desde el año 2006 en las que el Ejecutivo popular de Colmenar Viejo concedió licencias de primera ocupación, a pesar de la existencia de informes de técnicos municipales desfavorables.

Según la juez, "las diferentes Corporaciones que han conformado el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, durante los últimos diez años y en concreto quienes han formado parte de las Juntas de Gobierno Local de sus gobiernos municipales, se pusieron de acuerdo para otorgar de forma reiterada licencias de obra y de primera ocupación a distintos promotores pese al incumplimiento de la normativa urbanística derivada del Plan General de Ordenación Urbana y los distintos Planes Parciales de los distintos sectores urbanísticos en que se divide el Municipio de
Colmenar Viejo".

Y aseguraba que esta circunstancia "se ponía de manifiesto y por escrito en los informes de los técnicos del Departamento de Urbanismo y de los Técnicos Jurídicos del mismo, e incluso de los propios informes de la Secretaria General del Ayuntamiento".

La magistrada instructora dictaminó que estos "hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un presunto delito continuado de prevaricación urbanística" del Código Penal.