La Cañada encara su última semana antes de una Navidad sin luz con Delegación y Comunidad responsabilizándose mutuamente

Pérez achaca los cortes a plantaciones de marihuana, Franco dice que el problema de seguridad es una "pequeña parte" de la situación y los vecinos acusan a Naturgy de poner limitadores

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cañada Real Galiana encara esta última semana antes de Navidad con la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno responsabilizándose mutuamente de no atajar los cortes eléctricos que se están dando en la zona desde hace dos meses.

La pasada semana el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, instaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, a que pusiera en marcha un "plan de choque" ante las plantaciones de marihuana que, según el Ejecutivo regional, son las responsables de los cortes por sobrecarga de la red.

Por su parte, Franco aseguraba en rueda de prensa que la seguridad es solo "una parte pequeña" de los problemas que tiene al Cañada Real, en la que hay "otras instituciones con más competencias", y señalaba que la Policía Nacional necesita una orden judicial para poder entrar en las casas, principalmente porque "vivimos en un Estado de Derecho".

SUPUESTOS LIMITADORES EN TORRETAS

En medio de este choque entre administraciones --instituciones que piden "unidad" y "lealtad" ante este problema-- se encuentran los vecinos, que vinculan los cortes de luz con unos "limitadores" que habría instalado la suministradora (Naturgy) en las torretas que dan energía a la zona.

Esta es la postura que sostiene la presidenta de la asociación Al-Shorok-Amanecer y vecina del Sector V, Cristina Pozas Navarro, quien, en declaraciones a Europa Press, cargó contra esta compañía quienes, según ella, se niegan a mantener reuniones con las asociaciones de la zona y vehiculan cualquier contacto a través del Comisionado para la Cañada Real Galiana de la Comunidad de Madrid.

Entiende que en este momento están "pagando justos por pecadores" en relación a la hipotética existencia de plantaciones de marihuana y reprochó a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que asegurase en sede parlamentaria que los vecinos de la zona tenían "Porsches" pero no querían "pagar la luz".

"Nuestro día a día es lamentable. Se está atentando contra los Derechos del Niño... esto es por pura humanidad. Esto es ilegal. En Madrid, la capital de España. No le da vergüenza a Ayuso que en la capital de su país, nuestro país, esté pasando esto a 4.000 personas, a 1.800 niños. Que se ponga en el lugar, si puede, de alguno de nosotros y simplemente pase un día sin luz con un hijo pequeño a ver qué es lo que pasa", expone la presidenta de Al-Shorok.

"QUE LA DEVUELVAN ESTAS FECHAS, QUE NO SOMOS ANIMALES"

Esta misma indignación la trasladó, en declaraciones a Europa Press, la vecina del Sector V Amida Besar, quien tiene una hija con un soplo de corazón que se pone "morada de frío" por los cortes eléctricos. "Yo lo que pido por favor es que vuelva la luz por lo menos en Navidad", implora la vecina, que recuerda que entonces los niños están sin colegio y en casa "viendo a otros celebrando la Navidad".

"Es algo triste para ellos y para nosotros", añade. Además, explica que en una situación normal podrían ir a casa de familiares, pero que en el contexto de la pandemia los demás tienen miedo de que "les multen" y tienen "toda la razón".

"Unas Navidades sin nada. No puedes ni preparar una cena en condiciones. No puedes hacer nada. Nuestros niños.. ¿no tienen derecho de pasárselo bien? ¿No son humanos como el resto? Pido que lo devuelvan al menos en estas fechas, que somos gente, no somos animales", plantea Amida.

Precisamente los niños fueron los protagonistas de una de las últimas reivindicaciones de los vecinos de la barrida el pasado fin de semana, cuando leyeron frente al Palacio de Cibeles cartas a los Reyes Magos, en las que pedían como "mejor regalo" el restablecimiento del suministro.

DENUNCIA CONTRA NATURGY Y LA COMUNIDAD

Este miércoles, afectados por los cortes presentaron una denuncia contra la Comunidad de Madrid y Naturgy por la presunta vulneración de Derechos Humanos en las cerca de 4.000 personas damnificadas por la interrupción del suministro.

El abogado de estas personas, Javier Rubio, --en representación de la Asociación Tabodal-- interpuso la demanda y cifró en más de 40 personas las intoxicadas por inhalación de gas por utilizar otros medios para calentarse, mientras que un niño presentaba síntomas de congelación.

Asimismo, cargó contra la forma de "echar balones fuera" por parte de las administraciones al "escudarse" en las plantas de marihuana. "Si hay sobrecarga, que se suba la potencia, y si hay plantaciones, que se desmantelen", planteó.

LA COMUNIDAD DE REÚNE CON LA SUMINISTRADORA DE ELECTRICIDAD

Son estas plantaciones en las que se basa la Comunidad de Madrid y, en concreto, el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, para solicitar a la Delegación del Gobierno en Madrid que intervenga porque, según les ha trasladado la compañía, habría 50 enganches ilegales a la red con un consumo "industrial" que suministrarían tanto a las viviendas como a las citadas plantaciones.

Unos "picos inasumibles", señalaba Pérez esta semana, que además conllevan "riesgos gravísimos", tanto para los que acometen este enganche como para los vecinos, que podrían ver como un cortocircuito en la red desata un incendio. Comunidad y Ayuntamiento de Madrid mantienen reuniones regularmente con la suministradora para poder atajar este problema, pero entiende que el foco son las plantaciones de marihuana.

Para poder solucionar este problema de seguridad se reunieron representantes de la Comunidad, Fiscalía, Delegación del Gobierno y Ayuntamiento con el objetivo de agilizar los procesos para acabar con las plantaciones.

DELEGACIÓN ASEGURA QUE SE ACTÚA EN LA CAÑADA

Ante esta petición, Franco solicitó no usar la Cañada Real Galiana como "arma arrojadiza" entre instituciones, pero matizó que en el seno del Pacto Regional por la Cañada Real se constituyeron tres mesas de trabajo entre las que figuran "una urbanística y una social" en la que la Policía Nacional "poco puede hacer".

Por ello, instó a aquellos con competencias a atajar estas aristas del problema frente al eje de la "seguridad" que es una "pequeña parte", a ojos del delegado, quien recuerda que los efectivos policiales necesitan un permiso legal para actuar y que "cuando se ha tenido se ha hecho".

En esta clave, sacó pecho de que se habían acometido más de 20 operaciones en esta barriada a lo largo de 2020, de hecho la última de ellas fue el pasado martes, cuando se desarticuló a un clan de narcotraficantes que operaban desde la Cañada Real.