Sus ingresos caen un 3,8% ante un menor consumo industrial, los gastos de gestión y la puesta en marcha de Vigía
MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
Canal de Isabel II cerró 2020 con un beneficio consolidado de 194,6 millones de euros, un 19,5% menos que el ejercicio anterior, y obtuvo unos ingresos de 853,1 millones de euros, que supone una caída del 3,8% en su volumen de negocio frente a 2019 debido al impacto de la pandemia, que afectó especialmente a la facturación procedente de los clientes comerciales e industriales, que ha disminuido un 20%.
Al impacto en sus ingresos se suman los gastos de gestión ocasionados, así como la puesta en marcha del proyecto Vígía, una red permanente de vigilancia del Covid-19 en aguas residuales.
El consejo de administración de la empresa pública de aguas madrileña ha aprobado la formulación de sus cuentas de 2020 --que será elevadas a la junta general de accionistas el próximo 27 de mayo--, con un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 311 millones de euros durante el ejercicio, un 10,2% menos. Canal de Isabel II cerró 2019 con unos ingresos de 887 millones de euros y un Ebitda de 346,44 millones de euros.
En la formulación de las cuentas consolidadas, aprobadas hoy, y que incluyen a las empresas participadas en España y Latinoamérica, la cifra de negocio alcanza los 916,7 millones de euros, un 6,9% menos que en 2019, mientras que el beneficio se sitúa en 168,4 millones de euros.
Esta cifra se ha visto impactada por los efectos mencionados en las cuentas individuales, así como la caída de ingresos en Lanzarote por el fortísimo descenso del turismo --superior al 70%-- y el impacto económico del Covid sobre el mercado latinoamericano y las fuertes devaluaciones de sus divisas respecto al euro.
PROPONDRÁ DIVIDENDO COMPLEMENTARIO
En la próxima junta de accionistas, convocada para el 27 de mayo, el consejo de administración someterá a su aprobación las cuentas del ejercicio 2020 y la gestión de los administradores.
Además, en el orden del día figurará la propuesta de reparto de un dividendo complementario de 14 millones de euros a sus accionistas, que se suma al dividendo a cuenta de 95,5 millones de euros repartido en 2020.
En el capital social de la compañía se encuentran representados la Comunidad de Madrid a través del ente público Canal de Isabel II con un 82,4% de las acciones, el Ayuntamiento de Madrid con un 10% y otros 110 ayuntamientos madrileños con un 7,6%.
TARIFA SOCIAL
Durante el ejercicio de 2020 Canal destinó 8,1 millones de euros a su tarifa social, de los que 4,5 millones correspondieron a las bonificaciones extraordinarias aprobadas por la Comunidad de Madrid para ayudar a los clientes, industrias y autónomos afectados por las consecuencias laborales y económicas de la pandemia.
A estas nuevas bonificaciones hay que sumar las ya existentes por exención social, por vivienda o familia numerosa y por percepción de pensiones de viudedad inferiores a 14.000 euros anuales. La deuda neta se sitúa en 319,9 millones a cierre del año 2020.
Esta cifra ha descendido en más de un 57% desde 2017, cuando se situaba en 752,1 millones de euros. Así, la ratio de endeudamiento de la empresa pública (DFN/Ebitda) se sitúa en 1,03, en niveles muy inferiores a la media habitual en este sector.
MANTUVO INVERSIÓN
A lo largo de 2020, el volumen de inversión de Canal de Isabel II se ha mantenido prácticamente igual que en el ejercicio precedente, a pesar del impacto del estado de alarma en actividades no esenciales.La empresa pública ha invertido más de 143 millones de euros en nuevas inversiones y mejoras, reposiciones, obras de titularidad municipal, conformidades técnicas, etc.
Por otro lado, el consejo de administración ha acordado adjudicar contratos por importe de 63,76 millones de euros, destinados al mantenimiento de parques y zonas verdes y forestales, así como de estaciones depuradoras de aguas residuales; al suministro de gas natural para el secado térmico de lodos en las plantas de Loeches y Sur; al telecontrol y seguridad electrónica de instalaciones relacionadas con el ciclo del agua; a la gestión de la documentación comercial de la compañía; a la asistencia técnica en redacción de proyectos para estaciones de tratamiento, depuración y reutilización; y a la renovación de su sistema de almacenamiento de datos.