Manuela Carmena
EUROPA PRESS
Actualizado: miércoles, 28 junio 2017 17:26

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha reiterado las palabras que ya lanzó en un programa de televisión tiempo atrás, la necesidad de dimitir "cuando hay imputación por delito de corrupción" pero en el caso de los concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer "no hay imputación".

   Carmena ha insistido en que ambos han sido "citados a declarar como querellados", no como imputados. La exjueza ha apuntado que no pueden ser considerados imputados cuando la propia providencia los califica de 'querellados' y cuando sólo se tiene una versión de los hechos (la querella presentada por el PP), sin contrastarla.

   Los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer han sido reprobados en el Pleno con los votos de PP, Cs y PSOE, partidos que han pedido su dimisión o cese. También ha salido adelante la comisión de investigación con los votos en contra en solitario de Ahora Madrid y con el 'sí' de PP, Cs y PSOE.

   En la misma proposición, Carmena ha anunciado que el consejo de administración de Madrid Destino investigará si hubo irregularidades en los dos informes externos solicitados a despachos externos, irregularidades que no cree que se hayan dado. Igualmente ha señalado que si se determinara que hubo "errores" por parte de Sánchez Mato y Mayer, habría una "reposición" por parte de los concejales porque "la ejemplaridad es importante".

   La empresa municipal Madrid Destino empleó anteriormente nueve veces la misma contratación por la que han sido reprobados esta tarde en el Pleno los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, han explicado desde el equipo de Gobierno.

   Por otro lado, Carmena ha criticado a la oposición el hecho de que, después de tantos reproches, ni siquiera hayan pedido la impugnación de los dos contratos. Fueron dos los informes solicitados, por los que se pagaron 50.000 euros, a razón de 24.000 y 26.000 euros respectivamente.

   Uno de los informes cuantificó el coste de los convenios firmados por el Mutua Madrid Open y otro sirvió para esclarecer si todo ello era constitutivo de delito. El primero fue realizado por un despacho especializado en derecho civil y administrativo y el segundo experto en derecho penal.

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