Cifra la participación en el 15%, "pese a la imposición de unos servicios mínimos que llegan a alcanzar el 60%"
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La Federación de enseñanza de CC.OO. de Madrid denunciará ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid los servicios mínimos "abusivos" impuestos por la Consejería de Educación en la huelga de profesores de las escuelas oficiales de idiomas contra los exámenes presenciales previstos para los próximos días.
Casi 600 docentes de EOI están llamados a la huelga por CC.OO., entre el 16 y el 30 de junio, porque consideran que las instrucciones de la Consejería de Educación para la realización de las pruebas de certificación de estas enseñanzas "han llegado muy tarde y no garantizan un protocolo de salud que asegure la celebración de los exámenes presenciales para más de 20 mil alumnos en las imprescindibles condiciones de seguridad e higiene sanitarias".
El sindicato convocante ha cifrado la participación en un 15 por ciento, "pese a la imposición de unos servicios mínimos que llegan a alcanzar el 60 por ciento", que suponen una "obstaculización del derecho a la huelga del profesorado de EOI" por parte de la Consejería de Educación.
La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Madrid, Isabel Galvín, ha señalado que estos servicios mínimos "impiden el ejercicio de este derecho constitucional" y que "más bien parecen 'servicios máximos'".
"Se han establecido con respecto a las plantillas totales del profesorado de cada centro, no con respecto al número de profesores convocados cada día. Así, ayer se dio el caso de que en algunos centros había más servicios mínimos que profesores para realizar las pruebas", ha indicado Galvín, quien ha agregado que "estos servicios mínimos abusivos son un claro reflejo del intento de la Consejería de Educación de impedir la huelga del profesorado de EOI".
La presidenta de la Asociación de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid (APEOIM), Caridad Baena, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que "la trampa de estos servicios mínimos, cuyas causas no están justificadas (requisito imprescindible para su presentación), es que se han impuesto contando el total de la plantilla, no el número real de profesores que están convocados cada día para hacer su examen".
"Eso quiere decir que en muchos caso, los servicios mínimos son más numerosos que los profesores de cada día, con lo cual no se puede hacer huelga. Además, si en escuelas pequeñas al 30 por ciento de los servicios mínimos sumas el jefe de estudios y el director, podemos estar hablando de hasta un 70 por ciento real de servicios mínimos", ha precisado, para agregar que "también hay que tener en cuenta al personal de riesgo y al que concilia, que tampoco es servicio mínimo".
NUEVA CONCENTRACIÓN ESTE VIERNES
Los docentes volverán a concentrarse este viernes ante la Inspección de Trabajo, en Plaza de España, tras haberse manifestado el lunes ante la Consejería de Educación para pedir por última vez, antes de la huelga, una última oportunidad para el diálogo.
CC.OO. ha expuesto la "precaria situación sanitaria en la que se encuentran muchas escuelas", donde "falta personal de limpieza, no se toma la temperatura al alumnado cuando acude a los centros, se manipula una gran cantidad de papel en unas pruebas complejas que pueden durar hasta cuatro horas y media, y las dimensiones de las aulas no garantizan plenamente la distancia de seguridad, lo que supone un grave riesgo para la salud de alumnado y profesorado.
Asimismo, ha destacado que parte del alumnado, mayoritariamente adulto, se encuentra en el grupo de riesgo, por lo que considera que privarles de la posibilidad de realizar estas pruebas que sí van a hacer otros compañeros va en contra del criterio de equidad que debe exigirse a cualquier convocatoria de examen.
Por todo ello, CC.OO. ha manifestado su rechazo a "la insistencia de la Consejería de Educación en realizar unas pruebas presenciales en la comunidad autónoma que, lamentablemente, ha sido la más afectada por la Covid-19, mientras que la gran mayoría de las comunidades autónomas del Estado han optado por su aplazamiento al menos hasta septiembre, sobre todo porque las instrucciones para la realización de las pruebas, al igual que la respuesta de la Dirección General durante esta crisis, han llegado tan tarde".