CCOO pide contratar 1.216 profesores técnicos de servicio a la comunidad como coordinadores de bienestar en los centros

Reclama al Gobierno de España que se comprometa "políticamente" con sus propias leyes para que no sea una "sobrecarga" para los centros

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Madrid, Isabel Galvín, ha exigido este lunes al Gobierno regional que contrate a 1.216 profesores técnicos de servicio a la comunidad (PTSC) para que ocupen la función de coordinador de bienestar de los centros educativos con el objetivo de "atender a las crecientes situaciones de riesgo para el alumnado".

En un desayuno informativo del sindicato, Galvín ha presentado un estudio sobre los coordinadores de bienestar en los centros educativos, donde ha lamentado que el Ejecutivo autonómico "no crea en esta figura, algo que podría poner en peligro el bienestar y el derecho a la educación del alumnado madrileño".

La nueva Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, aprobada en 2021, recoge la obligatoriedad de tener un coordinador de bienestar y protección del alumnado para actuar bajo la supervisión de la dirección de cada centro, una labor que tiene que estar operativa desde este mes de septiembre.

"Esta nueva figura profesional encaja con la labor y el perfil profesional que viene desempeñando en los centros públicos el PTSC, un profesorado funcionario necesario e imprescindible para la comunidad educativa", ha subrayado la secretaria general del sindicato.

Galvín ha señalado que en un contexto de "crecientes situaciones de riesgo para el alumnado", la labor del coordinador debe ser desempeñada por un profesorado "con formación específica y que disponga de suficiente tiempo para llevar a cabo".

"La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debe contratar a 1.216 PTSC para que ocupen la función de coordinador de bienestar de la que por ley debe encargarse un profesional por centro educativo. De no hacerlo, su Gobierno estaría poniendo en peligro el bienestar y el derecho a la educación del alumnado madrileño", ha aseverado.

"HAN OBLIGADO A LOS EQUIPOS DIRECTIVOS A DESIGNAR"

El sindicato ha alertado que a apenas dos semanas del inicio de curso, la implantación de esta figura "ha sido desigual" en las diferentes comunidades autónomas y ha lamentado que el Gobierno regional "haya rechazado" contratar personal específico.

"La Consejería de Educación ha obligado a los equipos directivos a designar a dichos coordinadores, donde la mayoría de estos docentes deben cumplir las funciones de coordinador de bienestar y encargarse de la salud mental, los casos de violencia y acoso en centros sin reducción horaria ni reconocimiento retributivo", ha asegurado Galvín.

Asimismo, la secretaria general ha alertado de que se han convocado unos cursos de 30 horas para aquellos docentes que serán los coordinadores, algo que "no puede sustituir los contenidos que se adquieren con años de estudio en grados y posgrados para funciones absolutamente especializadas y que deberían realizar especialistas y con tiempo específico para esas funciones".

"Desde el inicio de la pandemia no hemos tenido ninguna reunión con el vicepresidente y consejero de Educación, Enrique Ossorio. Sin embargo, no vamos a dejar a los profesores a su suerte y vamos a velar por sus derechos profesionales", ha insistido.

PIDE MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN

En este sentido, CC.OO. de Madrid ha recalcado que "la única manera de garantizar que esta contratación sea posible es a través de una mayor inversión educativa en la Comunidad de Madrid, que es el problema de fondo".

"La inversión educativa en 2018 en la región fue del 2,26% del PIB, la más baja de toda España. La media de gasto educativo en el
territorio español es del 4,26%, mientras que la media en la OCDE es del 5%, más que duplicando la inversión en Madrid", ha resaltado Galvín.

Por otro lado, ha reclamado al Gobierno de España que si quiere que se cumplan sus leyes, debe acompañarlas de "memoria económica, un compromiso político y una regulación para que sus medidas no sean una carga más para los centros educativos".