MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Centro Jurídico Tomás Moro ha acusado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital de fomentar la "promiscuidad sexual con dinero público" al apoyar la celebración del WorldPride.
Según ha informado la institución en un comunicado, "tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Gobierno de la Comunidad de Madrid reconocen en sus páginas web el riesgo que para la salud que supone la fiesta del Orgullo Gay" y "a pesar" de ello, "ambas instituciones aparecen como patrocinadores oficiales de las fiestas".
"Resulta sorprendente que desde ambas páginas web se fomente la promiscuidad sexual por cuanto en ninguna de las páginas web se desaconseja practicar sexo con desconocidos, ni se aconseja sobre la posibilidad de abstenerse de realizar conductas sexuales de riesgo, o de abstenerse en consumo de drogas", ha.
Además, desde el Centro Jurídico Tomás Moro critican que ninguna de las instituciones "aconseja a los visitantes no practicar sexo con desconocidos, ni se aconseja la abstención en la realización de conductas de riesgos".
"El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) ha elaborado una evaluación de los riesgos de brotes y enfermedades transmisibles durante el festival que tendrá lugar entre el 23 de junio y el 2 de Julio de 2017 en Madrid", ha aseverado la asociación, que califica de "alto" el riesgo de contraer Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
Para el Centro Jurídico Tomás Moro resulta "inconcebible" que desde las Instituciones Públicas no se estén difundiendo "verdaderas políticas" de prevención sanitaria, pues resulta "sorprendente" que los propios organismos no pidan a la población la necesidad de abstenerse en la práctica de conductas de riesgo (tanto en cuanto al consumo de drogas como en cuanto a la realización de prácticas sexuales no seguras).
Tanto el Ayuntamiento de Madrid, como la Comunidad de Madrid están actuando en esta ocasión de una forma "ideológica, sin ningún tipo de responsabilidad política", asegura el Centro Jurídico.
En este sentido, asegura que resultaría "inconcebible" que la Dirección General de Tráfico realizara "una campaña afirmando que antes de sobrepasar los límites máximos de velocidad el conductor tuviera la seguridad de contar en su vehículo con los dispositivos de seguridad activa y pasiva recomendados por el fabricante".