Cerca de 350.000 madrileños viven en pobreza severa y el 27,3% de los niños son pobres, según CCOO

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Cerca de 350.000 madrileños viven en pobreza severa y el 27,3 por ciento de los niños y niñas son pobres en la región, según el informe 'El estado social de la Comunidad de Madrid. Indicadores básicos de protección social y cohesión social' elaborado por CCOO con datos oficiales de 2017.

   Así, el estudio parte de la afirmación de que Madrid es la Comunidad Autónoma con el Producto Interior Bruto (PIB) más alto y la más rica del Estado y presenta tres conclusiones principales: existe una "desigualdad estructural" en el territorio con un aumento de la pobreza y una menor protección a los ciudadanos; la atención a la dependencia ha generado unos "malos" resultados, hay desconfianza, opacidad y una "pésima" gestión por parte de las administraciones; y por último, la Comunidad presenta unos servicios sociales "debilitados", "ampliamente" privatizados y con escasa capacidad protectora.

   En cuanto a la desigualdad y al aumento de la pobreza, se considera que una persona está en situación de riesgo de pobreza cuando percibe unos ingresos iguales o inferiores a 8.522 euros anuales por persona.

   Así, los datos de la región muestran que 1 de cada 5 madrileños es pobre en Madrid, además de que 270.000 niños están en situación de pobreza con una tasa del 27,3 por ciento y que se sitúa por encima de la media regional que se encuentra en 20,6 por ciento. Concretamente, esta situación afecta de una manera más acentuada al género femenino ya que el 53 por ciento de las personas pobres son mujeres.

   De esta manera, los indicadores básicos de pobreza muestran que el 4,2 por ciento de los hogares madrileños no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días y que la pobreza afecta de una manera más significativa a las familias monoparentales o monomarentales con una tasa general del 47 por ciento, más de 20 puntos por encima de la media de Madrid, y que afecta principalmente a las familias encabezadas por mujeres.

   Si se desglosan estos datos, se puede ver como 857.000 familias madrileñas, es decir, el 33,3 por ciento de los hogares, viven de una prestación social de las administraciones. Así, casi la mitad de los trabajadores en paro son pobres. Sin embargo, de los ocupados también un 12,5 por ciento viven en situaciones de pobreza.

   De esta forma, el 60 por ciento de las personas desempleadas no tienen ningún tipo de protección. Frente a ello, se puede analizar la Renta Mínima de Inserción (RMI) que ofrece la Comunidad que desde CCOO consideran "insuficiente y precaria". Se trata de una cantidad de 468 euros de media y de las que el 66 por ciento se rechazan o se deniegan. Concretamente, en 2017 fueron 35.483 familias las que recibieron la RMI.

   Ante esto, la secretaria de Política Social y Diversidad en Madrid, Ana González, ha destacado que se trata de una medida "debilitada" y que es "incapaz" de paliar la desigualdad, ya que genera pobreza y se ha llevado a cabo una "mala gestión" por parte de la administración.

   Asimismo, si se compara Madrid con otras regiones del país, registra una mayor desigualdad que la media española con una tasa de pobreza o exclusión social del 20,6 por ciento, un dato que es menor en otras Comunidades con un PIB alto como es el caso de Navarra con una tasa de pobreza del 13,5 o País Vasco con una 14,5 por ciento.

   También la desigualdad, medida por el coeficiente GINI, es ligeramente superior en Madrid que en la media nacional y alcanza los 35,1 frente al 34,1 del total nacional.

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

   Los datos de atención a la dependencia en Madrid muestran que está por debajo de la medida estatal en casi todos los indicadores que miden el impacto de esta materia. Así, de las 161.368 personas con derecho a recibir esta prestación, casi 20.000 no las recibe.

   En este sentido, han destacado la aplicación del "modelo ideológico" en la gestión de estas políticas ya que existe una apuesta por ofrecer prestaciones y no mejorar los servicios, con un 57 por ciento frente al 43 por ciento que representan estos últimos. Así, se apuesta por las prestaciones económicas y el 'cheque-servicio' frente a los servicios como la atención residencial.

SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS

   En primer lugar, el sindicato ha destacado que solo el 9 por ciento del presupuesto regional se dedica a estas políticas. Según ha señalado Gonzalo, los servicios sociales públicos de la Comunidad se han convertido en una herramienta "subsidiaria" y están claramente "debilitados y opacos" que se gestionan por entes privados, ya que el 67 por ciento del presupuesto en esta materia se gestiona por entes privados.

   Además, ha criticado que la Comunidad no ofrezca datos de gestión de servicios sociales sobre las personas que se atienden.

   Concretamente, el gasto personal se sitúa en los 260,70 euros frente a los 285,95 euros de media estatal. Ante esto, han resaltado los datos de otros regiones similares a Madrid en riqueza como Navarra que alcanza casi los 600 euros de gasto por persona en servicios sociales y es la segunda región más rica de España.

   Así, el 72 por ciento del total del presupuesto en materia social se concentra en políticas de mayores, dependencia y discapacidad y solo el 2 por ciento va destinado a la red de servicios sociales públicos de atención primaria.

   En conclusión, el secretario general de CCOO en Madrid, Jaime Cedrún, ha afirmado que vivimos en una sociedad "fracturada" en la que la pobreza crece y con ella la exclusión social. Así, ha criticado la gestión "pésima" y unas servicios sociales "incapaces" de amortiguar la desigualdad.

   "No existe en la Comunidad de Madrid un informe done se vea la realidad económica y social", ha asegurado Cedrún, a lo que ha añadido que hay opacidad y falta de transparencia en materia de servicios sociales.

   Por último, ha asegurado que la Comunidad de Madrid tiene capacidad para responder con un plan contra la desigualdad y que se necesitan mecanismos de participación, información y publicidad por parte de las administraciones.