Comisión de investigación de Calle 30 concluye que las obras fueron "ilegales" y responsabiliza al gobierno de Gallardón

La elección del modelo de gestión de la sociedad "respondió únicamente al intento de ocultar la deuda producida por las obras y el posterior mantenimiento bajo una sociedad anónima", dice

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación sobre la situación económico-financiera de la empresa Madrid Calle 30 y su incidencia sobre las cuentas del Ayuntamiento de la capital concluye que las obras fueron "totalmente ilegales" y señalan al gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón de ser el "responsable directo de un modelo de gestión ruinoso para la ciudad de Madrid" y de una tramitación plagada de "irregularidades".

La ilegalidad de las obras reside en que juzgados de todas las instancias han hecho patente la ausencia de la obligatoria evaluación de impacto ambiental, algo "totalmente intencionado para acelerar los plazos y poder inaugurar los distintos tramos de obra antes de la celebración de las elecciones del año 2007".

Además el estudio de impacto ambiental "podía suponer la alteración de los proyectos e incluso la negativa a ejecutar alguno de ellos", recogen las conclusiones, junto con la "falta de transparencia en todas las fases de creación de la sociedad, transformación en empresa mixta, tramitación de las obras, ejecución de las mismas y adjudicación y control del contrato de mantenimiento", algo "totalmente intencionado para evitar que la ciudadanía pudiera acceder a los documentos reales y pudiese así auditar y controlar la actuación que se estaba llevando a cabo".

Las conclusiones consensúan que "existen responsabilidades políticas directas por la toma de decisiones que han afectado social, medioambiental y económicamente a toda la ciudad de Madrid" siendo el equipo de gobierno del exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón "responsable directo de un modelo de gestión ruinoso para la ciudad de Madrid, una tramitación de los proyectos y gestión administrativa de los mismos lleno de irregularidades y un contrato de mantenimiento sin mecanismos de control y en el que, las mejoras que llevaron a ser adjudicataria a la sociedad EMESA no eran controladas ni supervisadas".

La elección del modelo de gestión de la sociedad "respondió únicamente al intento de ocultar la deuda producida por las obras y el posterior mantenimiento bajo una sociedad anónima", recogen las conclusiones. A lo que añaden que el modelo de gestión de la sociedad es "totalmente ruinoso para las arcas municipales al garantizar el beneficio de las empresas privadas adjudicatarias de un contrato blindado hasta el año 2025 y prorrogado hasta el año 2040".

Esto se suma que las certificaciones de obra "no siguieron una tramitación transparente ni rigurosa existiendo numerosas anomalías cuando no irregularidades en su emisión y abono". La tramitación de algunos proyectos complementarios fue irregular al concentrar en alguno de ellos las instalaciones de otros proyectos distintos al que complementa.

El texto consensuado apunta que "se buscaba una mayor financiación para la obra" y que "la celeridad en la finalización de las obras, la falta de tramitación de la evaluación de impacto ambiental y los constantes cambios en los proyectos por la falta de concreción y estudio de los proyectos originales supusieron un grave perjuicio para la situación económica del Ayuntamiento".

"Primaba el plazo de finalización previo a las elecciones municipales al interés general por la correcta ejecución y correcto control económico de la obra", remachan. En la conclusiones se incluye que la configuración interna de la sociedad, en la que el director gerente es designado por el socio privado y en la que todas personas que han ocupado dicho cargo están íntimamente ligados laboralmente a Ferrovial, "evidencia un conflicto de intereses" ya que Madrid Calle 30 es la encargada de supervisar el cumplimiento del contrato de EMESA, el socio privado, participada por Ferrovial y el grupo ACS.

Otra indicación aborda la "falta de transparencia de EMESA en la gestión y explotación de la infraestructura", que queda acreditada por "ocultación de datos" previa al accidente mortal de octubre de 2012 ya que el sistema de extinción de incendios estaba desconectado y la sociedad Madrid Calle 30 y el responsable de seguridad de los túneles no fueron informados de ello.

El contrato de mantenimiento modificado en el año 2007 no responde además a "necesidades reales de la infraestructura, no contiene la documentación necesaria para su supervisión, el gasto establecido es superior al realmente justificado en los documentos e incluye una financiación encubierta adicional para la sociedad privada buscando la ampliación de su margen de beneficio de explotación".

Las conclusiones destacan que los modelos económico-financieros del contrato tienen "numerosos errores que ahondan en la falta de supervisión del contrato, la falta de transparencia y el perjuicio que el modelo de gestión elegido supone para la sociedad y las arcas del Ayuntamiento", enlazado a que "numerosas decisiones tomadas para financiar la sociedad, partiendo del modelo de gestión elegido, han ido contra los intereses generales de la ciudad de Madrid y en favor de los intereses de las entidades privadas que conformaron EMESA y de las entidades financieras que otorgaron los créditos".

En cuanto a la auditoría se recoge que los tramos a auditar eran notificados a EMESA con suficiente antelación para garantizar que los tramos se adecuaran a los requisitos que recogía la evaluación, como se ha acreditado con los correos electrónicos y con el testimonio de trabajadores del socio privado, quienes aseguraron recibir indicaciones de trabajos a realizar.

Las conclusiones señalan que las obras fueron inauguradas con "importantes carencias y deficiencias, que quedaron acreditadas con las numerosas inundaciones sufridas en el túnel, el grado de deterioro acelerado del túnel y la falta de programas automáticos de control de la ventilación en caso de incendio".