Si se establece una distancia de 800 metros con los centros, como pide la FAPA Giner de los Ríos, habría que montarlos "en los Picos de Europa"
MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid ha afeado a los empresarios del juego que adelanten el "apocalipsis" antes de la aprobación del decreto que regulará los salones de juego en la región y defiende que las distancias entre estos establecimientos y los colegios que se plantean en la nueva normativa no son "abusivas".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente regional, Pedro Rollán, ha remarcado que es "muy precipitado" por parte del sector del juego adelantar el impacto que tendría el decreto. Además, ha remarcado que por encima de cualquier consecuencia está "preservar una serie de garantía mínimas", como que los menores no accedan a los salones.
En este sentido, y en cuanto a las quejas de la FAPA Giner de los Ríos, que ha pedido que la distancia de 100 metros, que recoge la normativa, se amplíe a 800, Rollán ha indicado que la diferencia entre dichas cifras es "abismal".
"Si estamos hablando de 800 metros tendríamos que irnos casi a los Picos de Europa para montar un establecimiento de estas características. Hay un término intermedio. Son los técnicos de la Consejería los que no analizarán y estudiarán", ha indicado.
En este sentido, ha asegurado que, teniendo en cuenta el "gran número" de centros educativo que existen en Madrid, si se estableciese esta distancia prácticamente habría que acudir "a al calle más retiradas de los polígonos industriales" para encontrar un salón de juego porque en el "casco urbano sería imposible".
El también consejero de Presidencia ha hecho hincapié en que la tramitación de este decreto no responde a "una cuestión electoralista" sino a una profunda reflexión de la Consejería de Economía y Hacienda.
Así, ha insistido que el Gobierno regional tiene "una hoja de ruta" dado que considera oportuno "regular para garantizar el que no exista publicidad engañosa y que los menores de edad no accedan, dada la preocupación que existe en las familias madrileñas". La Comunidad estudia desde este lunes las alegaciones presentadas al decreto.