La Comunidad cambiará la ley de Medidas Fiscales de 2008 para limitar la entrada de capital privado en el Canal

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid cambiará la ley de Medidas Fiscales de 2008 para limitar la entrada de capital privado en el Canal de Isabel II, ha avanzado este jueves el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, en la Asamblea de Madrid.

En el pleno de la Asamblea de Madrid, en el que se ha producido un debate monográfico sobre el Canal de Isabel II, tras conocerse la 'operación Lezo', que investiga una trama corrupta en el seno de la empresa de aguas, Garrido ha anunciado que el Gobierno regional va a aprobar un proyecto de Ley "para garantizar el carácter cien por cien público de la sociedad anónima Canal de Isabel II", algo que ya había pedido la oposición.

En concreto, Podemos y PSOE han registrado una Proposición de Ley (PROPL) en la que piden blindar el carácter público del Canal y derogar las leyes que abren la puerta a su capitalización y Cs, por su parte, reclama asegurar el carácter público de la empresa.

El proyecto del Gobierno, que modificará la Ley 3/2008 que permite la entrada de capital privado en Canal, mantendrá la existencia de una sociedad anónima operadora y de un ente público regulador; eliminará la posibilidad de que entre capital privado en la sociedad anónima Canal de Isabel II y establecerá que la sociedad anónima tendrá un capital exclusivamente de titularidad pública.

La ley abrirá la posibilidad de que todos los municipios madrileños que todavía no lo han hecho se puedan incorporar al modelo de gestión actual de Canal podrán hacerlo en las mismas condiciones que los municipios que se incorporaron antes de 2012 y por el mismo periodo de tiempo, es decir, hasta el 1 de julio de 2062.

Igualmente, los municipios de la Comunidad que tengan un convenio propio en vigor con Canal de Isabel II podrán optar por mantenerlo o renunciar a él, salvaguardando siempre lo establecido en ellos y en la legislación y respetando las competencias que la legislación reserva a los municipios en materia de gestión de los servicios del ciclo integral del agua.