Espera que el regidor "deje de boicotear" el centro de menores y recuerda que es "la tercera vez" que la Justicia le da la razón
MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha celebrado el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 32 de Madrid, que ha acordado suspender de forma temporal el acuerdo del Ayuntamiento de Fuenlabrada sobre la reversión de la cesión de los terrenos de La Cantueña, donde el Gobierno regional pretende implantar un centro para atender a menores no acompañados, frente a la "fijación" que, a su juicio, muestra el alcalde de la localidad, el socialista Javier Ayala, "con los inmigrantes".
"Nos parece insólito, inaudito, esta fijación que tiene el alcalde con los inmigrantes que acuden a nuestra región y que tenemos el deber moral y legal de atender en las mejores condiciones", ha subrayado la consejera en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita este jueves a la Fundación Carlos Martín, uno de los dispositivos de la Fundación Raíles en la capital.
Ana Dávila ha defendido el trabajo "de forma exhaustiva" de la Comunidad de Madrid "desde todos los recursos" con que cuenta "para incrementar las plazas" con las que atender a estos menores.
La titular de Asuntos Sociales ha subrayado que se trata de la "tercera vez" en la que la Justicia "ha dado la razón a la Comunidad de Madrid" frente a lo que considera un "boicot" por parte del alcalde de Fuenlabrada.
"Ya hemos atendido en lo que va de año a 1.500 menores, muchos más que en todo el año 2023, y necesitamos abordar esta crisis migratoria desde el Gobierno de España, desde el Gobierno central, para poder gestionar estos recursos con la adecuada financiación", ha defendido Dávila.
PIDE QUE EL AYUNTAMIENTO "DEJE DE BOICOTEAR" Y "AYUDE"
Asimismo, ha pedido al Ayuntamiento de Fuenlabrada "que deje ya de boicotear estos recursos" y ayude al Ejecutivo autonómico "a trabajar con el Gobierno de Pedro Sánchez para abordar la atención a los menores de forma adecuada", pero "también para que se pongan a trabajar en un control adecuado de esta crisis migratoria que está afectando a todo el territorio nacional".
La consejera ha destacado que el auto del juez subraya "el interés superior del menor", algo que "parece que le resulta tan complicado entender al alcalde de Fuenlabrada", sobre lo cual ha recordado la llamada de atención de la Comunidad ante unos recursos autonómicos "que están desbordados" y ante lo que están "incrementando el número de plazas".
En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, el juez acepta la medida cautelar, con carácter urgente, solicitada por la letrada del Gobierno regional de suspensión de la ejecución del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada, de 26 de julio de 2024.
Dicho órgano municipal aprobó poner fin a la cesión del espacio Cerro de la Cantueña a la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno autonómico pretende poner en marcha este centro de acogida y revertir así la titularidad de dicho centro al Consistorio.
El juez expone en relación a la ponderación de los intereses en juego que exige la Ley que en este caso, "ambas partes defienden el interés general" si bien "la Comunidad de Madrid ofrece razones más que suficientes, con fundamento en la urgente necesidad de ampliar las plazas de atención a menores extranjeros no acompañados, a raíz del incremento de los flujos migratorios y su tendencia alcista, unida a la actual escasez de los recursos disponibles, que hace que deba prevalecer el interés general de protección de los menores".
PROTECCIÓN A LOS MENORES
Así, recuerda que la protección de los menores "no solo constituye un derecho universal sino que la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia impone como una obligación prioritaria de los poderes públicos, incluido el Ayuntamiento, y que está reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en diversos tratados internacionales".
"Este interés general debe prevalecer sobre cualquier otro interés general y, en concreto, sobre el interés general que representa el Ayuntamiento de preservar su patrimonio", recalca.
Destaca que son claros "esos perjuicios que se causarían como consecuencia de la reversión inmediata de los bienes cedidos a favor del Ayuntamiento de Fuenlabrada y que se concretan en la privación a la Comunidad de Madrid de la posesión y titularidad de un bien inmueble, del que ha dispuesto hasta ahora en virtud de un convenio suscrito con el Ayuntamiento".
"Y, con ello, imposibilitar la puesta en funcionamiento de un centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados, provocando la paralización de unas obras de acondicionamiento que han sido declaradas urgentes y de interés general", subraya.
"Lo cierto es que, de no adoptarse la medida de suspensión, se causaría un perjuicio irreparable, impidiendo o haciendo muy difícil hacer efectiva la resolución judicial que se adopte -caso de ser estimatoria del recurso- si para entonces el Ayuntamiento ha tomado posesión de la finca, impidiendo a la Comunidad de Madrid ejecutar unas obras en plazo, declaradas urgentes, perdiendo de este modo este recurso su legítima finalidad", concluye.
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