Comunidad explica que no pueden autorizar ampliaciones de horario con informes desfavorables de los ayuntamientos

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha explicado este viernes que no pueden autorizar ampliaciones de horarios para las fiestas de Nochevieja con informes desfavorables de los Ayuntamientos, pues las administraciones locales que son las que "mejor" conocen el impacto que estas actividades tienen en el entorno y en los vecinos.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes de la Consejería de Presidencia y Justicia después de que la Plataforma por la Calidad del Ocio y el Turismo de Madrid haya denunciado que la Comunidad está denegando "con carácter masivo" las solicitudes de ampliación de horario solicitadas por más de mil pequeños restaurantes, bares y pubs de Madrid, en base a unos informes desfavorables por parte del Ayuntamiento de la capital.

Las mismas fuentes han indicado que no van a poner "en riesgo la seguridad de las personas" ni las "molestias de los vecinos" y que el propio consejero, Salvador Victoria, se reunió con esta Plataforma el pasado mes de noviembre donde se les informó de todos los requisitos para ampliar los horarios de las fiestas.

Según los últimos datos provisionales, a fecha del pasado día 24 de diciembre, la Comunidad de Madrid ha recibido 402 solicitudes para la fiesta de Nochevieja, frente a las 406 del mismo periodo del 2011 mientras que para Reyes, se han registrado, de momento, 313, cuando el mismo día del año pasado eran 328.

Los motivos por los que la Comunidad está denegando las solicitudes presentadas son las molestias vecinales, o por encontrarse en zona de protección acústica, y estas, en todo caso, han sido reflejadas en el informe desfavorable que remiten los ayuntamientos al Gobierno regional.

El resto de solicitudes presentadas y no resueltas pueden deberse a diferentes motivos como no haber atendido a los requerimientos realizados, falta de documentación requerida y no subsanada, haber presentado la documentación con tan escaso margen de tiempo que no ha permitido que los ayuntamientos informen de sus solicitudes o que haya transcurrido el plazo de diez días que se da para ello.