La Comunidad interpone un recurso ante el Supremo para paralizar la construcción de la central térmica en Morata

Cree que existe el riesgo de que la suma de la emisiones contaminantes "pongan en peligro la salud de los habitantes"

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno acordó hoy la interposición de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para paralizar la construcción de la central térmica de ciclo combinado en Morata de Tajuña, después de publicarse el pasado 13 de julio en el BOEel acuerdo de Consejo de Ministros por el que se declaraba de utilidad pública dicha central.

Dicho acuerdo se ha publicado un mes después de haber sido adoptado y "no ha sido notificado previamente ni a la Comunidad de Madrid ni al resto de Administraciones afectadas (municipios de Morata y Perales de Tajuña), según explicó el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Ignacio González.

El Ejecutivo regional considera que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha forzado la declaración de utilidad pública sin contar con la Autorización Ambiental Integrada que debe ser otorgada por la Comunidad de Madrid. Dicha autorización permite establecer las condiciones ambientales que se exigirán para la construcción y explotación de las instalaciones y, entre otros aspectos, especifica los valores límite de emisión de sustancias contaminantes que podrá generar la central.

El Gobierno regional apunta que la construcción de la central térmica pretende realizarse en una zona del territorio madrileño que cuenta ya con la presencia de una importante industria cementera, por lo que existe el riesgo de que la suma de la emisiones contaminantes actualmente generadas por la actividad existente y las producidas con la entrada en funcionamiento de la nueva central, "pongan en peligro el equilibrio medioambiental de la zona y la salud de los habitantes de los municipios afectados".

Asimismo, el equipo de Esperanza Aguirre apunta que la instalación de la central producirá un importante impacto en la zona ya que emitirá, estimando un régimen de funcionamiento de 6.000 horas al año, más 2,5 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, un gas que es el mayor responsable del cambio climático, y de cantidades significativas de metano que también contribuye a dicho proceso, lo que equivale al CO2 emitido por 500.000 vehículos durante todo un año de funcionamiento. "También supondría la emisión de más de 8.600 toneladas al año de óxidos de nitrógeno (NOx), que incrementaría la contaminación por ozono troposférico", plantea la Comunidad.

Por otra parte, prosigue la Comunidad, "su instalación supondría la emisión de más de 50.700 kg al año de dióxido de azufre (SO2), causante de las lluvias ácidas que destruyen bosques y ríos y la emisión de más de 140.000 kg de partículas que contribuirán a la contaminación de la zona".

Por otra parte, la zona en la que se pretende construir la central está afectada actualmente por unos derechos mineros que fueron otorgados por la Comunidad de Madrid en el año 1984 y que se encuentran aún vigentes. Estos derechos otorgan la autorización para explotar los recursos mineros que existen en esos terrenos y declaran la actividad minera de utilidad pública.

De esta forma, el Ejecutivo cree que el Acuerdo de Consejo de Ministros recientemente adoptado "genera un conflicto de intereses entre ambas administraciones por declarar de utilidad pública una actividad distinta a la ya existente en la zona". "En este caso, tanto el promotor energético como el concesionario minero podrán promover expedientes expropiatorios sobre dichos terrenos", advierte.