MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid ha solicitado este miércoles en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia la elaboración de una Estrategia Integral de la Atención a la Infancia Migrante.
La consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, ha subrayado que el Gobierno central ha repartido un texto ('Modelo de gestión de contingencias migratorias para la infancia y adolescencia extranjera no acompañada') en el que únicamente se trata de responder a las situaciones de crisis migratorias, cuando "lo que hay que hacer es regular este tema de forma completa y corresponsable entre el Estado y las comunidades autónomas", según recoge el Ejecutivo madrileño en un comunicado.
En este sentido, la consejera ha defendido que es "fundamental" una planificación conjunta que determine las competencias de todas las administraciones públicas implicadas --tanto estatales como autonómicas y locales--. También, establecer "un marco de colaboración y cooperación para garantizar que los niños y adolescentes reciban la atención integral acorde a sus necesidades, así como un plan estatal para los jóvenes extutelados que alcanzan la mayoría de edad".
En concreto, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social considera "prioritario" que se aborden aspectos relativos a las reformas normativas necesarias en este momento, como la creación de un órgano estatal de coordinación y la existencia de un mecanismo nacional de derivación de menores que no solo sirva para la situaciones de contingencias migratorias.
También, destaca la necesidad de contar con centros estatales de ingreso en distintos puntos del territorio para la entrada y derivación de forma que el sistema de protección atienda las situaciones de menores una vez determinada la minoría de edad.
A ello, añaden un protocolo de traslado entre comunidades autónomas, financiación adecuada, retornos y repatriaciones, circunstancias relacionadas con la mayoría de edad y transición a la vida adulta, implicación de la Federación de Municipios y Provincias en la localización de estos centros, y "todos aquellos aspectos necesarios para garantizar que la actuación de las entidades de protección se realiza de forma coordinada, salvaguardando el interés superior de los menores de edad".
"Dada la falta de ambición del texto, la Comunidad de Madrid se ha abstenido en la votación del modelo y se ha adherido únicamente a la propuesta de financiación, pese a que considera que los criterios son muy mejorables", ha trasladado el Gobierno regional.
Por último, ha destacado que "es reseñable" el planteamiento de trabajo que, una vez más, ha utilizado el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, "dando un plazo muy escaso, de solo 6 días, para realizar observaciones a un borrador que no ha sido debatido ni negociado previamente y que ha sido unilateralmente redactado".