La Comunidad recibirá casi 6 millones del Gobierno central para ayudar a familias vulnerables con 400 al mes

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El último Consejo de Ministros ha dado luz verde a destinar cerca de 5,9 millones de euros a la Comunidad de Madrid para una ayuda a familias vulnerables de Ucrania de 400 euros al mes, con más de 100 euros por menor.

A propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para financiar la prestación de una ayuda económica directa para las personas beneficiarias del régimen de protección temporal afectadas por el conflicto de Ucrania que carezcan de recursos económicos suficientes.

De la inversión total de 52,8 millones de euros, a la Comunidad de Madrid le corresponden 5,8. Gracias a esta subvención se financiará el pago de una ayuda de cuantía de 400 euros al mes por persona adulta que tenga la condición de destinataria final de la prestación, más 100 euros al mes por menor de edad a cargo, así como los gastos de gestión en los que incurran las autonomías, ha informado Presidencia de Gobierno en un comunicado.

Las personas que sean beneficiarias deberán acreditar el vínculo con la persona menor de edad a cargo mediante resolución por la que se concede el régimen de protección temporal de manera conjunta, además de empadronamiento conjunto con la persona menor de edad. En el caso de que haya más de una persona responsable de la menor, únicamente una de ellas podrá percibir la cuantía adicional por menores de edad a cargo.

UNOS 130.000 DESPLAZADOS

La ayuda se abonará mensualmente, previa justificación de los requisitos y tendrá una duración de un máximo de seis meses. El periodo de ejecución de las actuaciones a financiar será desde la entrada en vigor de este Real Decreto hasta el 31 de diciembre de 2023.

En la actualidad se estima que son en España unas 130.000 personas desplazadas de Ucrania, atendidas en los dispositivos de emergencia o en el sistema de acogida de protección internacional. Una gran mayoría está empleando sus propios recursos o está recurriendo a redes de contactos, como familia y amistades, que haya podido encontrar en España.

Muchas de estas personas pueden encontrarse en situación de carencia de recursos materiales y, en consecuencia, son usuarias potenciales de los recursos del sistema de acogida en el futuro, ha destacado el Gobierno.

Ante esta situación, el Ejecutivo considera "necesario que exista un instrumento que permita, por un lado, prestar asistencia a las personas desplazadas de acuerdo con las obligaciones legales de acogida y de los compromisos políticos asumidos por España, y por otro, no ejercer una presión que pueda resultar excesiva sobre el sistema de acogida".

COMUNIDADES Y AYUNTAMIENTOS

También en la reunión el Gobierno ha dado luz verde al Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para promover y fomentar una mejor atención de las necesidades básicas de las personas beneficiarias del régimen de protección temporal afectadas por el conflicto de Ucrania.

El importe total de las subvenciones será de 30 millones de euros, de los cuales 3,3 millones de euros le corresponden a la Comunidad de Madrid.

Esta cuantía se distribuirá entre las entidades beneficiarias de acuerdo con un criterio de reparto, objetivo y proporcional, basado en el porcentaje que representen las nuevas altas de personas de nacionalidad ucraniana registradas en el padrón municipal.

Con esta medida, el Gobierno financia los incrementos de gastos corrientes y de personal derivados del desarrollo de las prestaciones y actividades en que incurran las administraciones regionales y locales.

Se refieren al refuerzo de los servicios de información y orientación que facilite el acceso equitativo a los recursos sociales y a servicios públicos; la prestación directa o indirecta de servicios de alojamiento o manutención a las personas beneficiarias de protección temporal; la prestación de servicios de conciliación, ocio y tiempo libre y los servicios de aprendizaje del castellano u otra lenguas oficiales.

Serán financiables las actuaciones realizadas entre el 24 de febrero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023. Las entidades beneficiarias justificarán la subvención mediante la aportación de un certificado emitido por la persona titular del órgano competente, en el que se acredite la realización de la actividad y el importe de los gastos financiables.