La Comunidad y rectores buscan una financiación que satisfaga a ambas partes en la nueva ley de universidades regional

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tira y afloja de los últimos años por la financiación de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III) entre los rectores de las mismas y el Gobierno regional se ha incrementado en los últimos meses.

Primero ocurrió con la partida dedicada en los Presupuestos Regionales de 2025, cuya cantidad aumentó en 47 millones extra en diciembre tras las protestas de los máximos responsables de los centros universitarios. Ahora, ambas partes se encuentran en pleno proceso de negociación para encontrar una fórmula satisfactoria de recabar dinero en la nueva ley de universidades regional, conocida bajo el nombre de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y de la que solo se conoce un borrador.

Las universidades públicas madrileñas han reiterado en diversas ocasiones a lo largo de los últimos meses que se encuentran en un estado de "insostenibilidad económica" e "infrafinanciación" y han demandado que la nueva ley de universidades regional elabore un "modelo de financiación plurianual".

Una petición esta última que la Consejería de Educación ya incluye en su borrador, donde se plantea un modelo de financiación dividido en tres partes: una básica, para personal e inversiones; otra por necesidades específicas, como infraestructuras; y una tercera por objetivos. Además, se plantea que las universidades públicas tendrán que "cubrir al menos el 30% del total de sus capítulos de gasto" con "fuentes distintas a las transferencias realizadas por la Comunidad de Madrid".

En las últimas semanas, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha defendido la aportación que el Gobierno regional hace a las universidades y ha reiterado que se está negociando un modelo plurianual, tal y como pedían los rectores, revisable cada cinco años. Así lo hizo el martes 8 de abril en declaraciones a los medios de comunicación, cuando reivindicó que "hay muy pocas regiones en el mundo, no ya en España, sino en el mundo entero, que alcancen el 4% del presupuesto en financiación" de universidades, tal y como hace la Comunidad de Madrid.

También en la sesión de control al Gobierno autonómico en la Asamblea dos días después, donde concretó que "ninguna universidad va a recibir menos dinero". "El nuevo sistema de financiación plurianual cuenta con partidas finalistas para objetivos, con nuevas herramientas como préstamos interuniversitarios y con la posibilidad de constituir y gestionar sus propios fondos mediante la colaboración pública y privada", expresó.

CARTA DE LOS RECTORES A AYUSO

Pendientes aún de cómo se resolverá la parte financiera en la LESUC, los rectores ya alertaron a finales de noviembre de 2024 sobre la "insostenibilidad económica del sistema" en una carta dirigida a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso. En ella se referían al borrador de los Presupuestos Regionales de 2025, que todavía no se había aprobado en la Asamblea (donde el PP tiene mayoría absoluta y no necesita el apoyo de otros grupos para sacar adelante las cuentas) y que recogía, en un primer momento, una subida del 0,9%, hasta los 1.052 millones de euros.

En la misiva, los rectores apuntaron que, de confirmarse el borrador de presupuestos, "se agravaría la ya crítica situación de las universidades públicas madrileñas, como consecuencia de la infrafinanciación acumulada en los últimos 15 años". "Si la situación actual es crítica, en pocos años podría volverse catastrófica", lanzaron.

Tras estas señales de alerta por parte de los seis rectores, Ayuso anunció una semana más tarde que los Presupuestos Regionales recogerían, finalmente, un aumento de 47,3 millones de euros extra, lo que supondría un 4,2% más respecto a 2024. Los rectores agradecieron "el esfuerzo", pero advirtieron de que seguía siendo "insuficiente", ya que reclamaban una subida de 200 millones más.

"Siendo estas aportaciones presupuestarias imprescindibles y bienvenidas, aún resultan insuficientes para garantizar la sostenibilidad de las universidades públicas madrileñas, asegurar la calidad de nuestras instituciones y subsanar su crónica infrafinanciación", expresaron en un comunicado.

De hecho, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ya anunció a finales de 2024 que se veía obligada a reducir un 35% sus gastos y escribió un mensaje a la comunidad educativa en el que esgrimió que la situación en materia de inversiones para infraestructuras era "preocupante" y que "la asignación presupuestaria de la Comunidad de Madrid no cubre los gastos de personal, que representan el 68,3% del presupuesto de la universidad".

Hasta hace pocos meses, la "insuficiencia financiera" que esgrimen las universidades públicas se había ido parcheando con el dinero recibido durante la última década por sentencias condenatorias del Tribunal Supremo. Estas obligaban a la Comunidad de Madrid a pagar más de 280 millones de euros entre las seis por el incumplimiento de los planes de financiación e inversiones de las universidades públicas durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta regional. Pero ese dinero se ha ido agotando para hacer frente a las necesidades económicas de los últimos años.

PROTESTAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

La preocupación esgrimida por los rectores también ha permeado en la comunidad educativa, que teme que la calidad de la enseñanza se vea afectada. Así, desde las plataformas aglutinadas bajo el nombre 'Por la pública' de las seis universidades públicas y desde asociaciones estudiantiles, se están promoviendo y llevando a cabo varios actos de protesta contra la "asfixia económica" y contra el borrador de la LESUC durante el mes de abril que culminarán con una jornada de huelga el próximo día 28.

A principios de este mes, decenas de profesores y alumnos realizaron un encierro voluntario en la facultad de Matemáticas de la Complutense, con varias actividades de organización durante la noche. Además, la mañana siguiente, varios de ellos se concentraron frente al rectorado de la UCM para quejarse porque "no hay medios que cubran las necesidades para garantizar una docencia, investigación e infraestructuras de calidad", según leyeron en el manifiesto elaborado.

Esta queja se recoge en el decálogo de protestas redactadas para anunciar la huelga del próximo 28 de abril, donde también se engloban otras cuestiones como "la mayor dependencia económica estructural del capital privado y un encarecimiento de tasas (matrículas), una mayor privatización gracias a la laxitud para reconocer chiringuitos que se lucren con la educación superior o la injerencia del Gobierno regional en la autonomía universitaria".

De momento, los rectores y el consejero de Universidades seguirán negociando una financiación que satisfaga a todas las partes para evitar que la situación económica y las protestas se agraven.