Confederación del Tajo defiende la legalidad del expediente a Madrid y niega un acuerdo para obras sin autorización

Yañez traslada en una carta al consejero Rodrigo su malestar por difundir en medios el inicio de incoación del expediente sancionador

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha defendido este miércoles que la incoación del expediente sancionador a la Comunidad de Madrid a raíz de las obras de reconstrucción de los puentes que asoló la DANA de septiembre de 2023 en municipios de la zona sureste de la región como Aldea del Fresno cumple con la legalidad y ha negado que existiera un acuerdo para realizar estos trabajos "en dominio público hidráulico sin autorización".

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), Antonio Yañez, ha remitido este mismo miércoles una carta al consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en la que afea la publicación en medios de comunicación de la incoación de este expediente sancionador y refuta algunos de los argumentos aportados por la Comunidad.

En concreto, el expediente sancionador, con fecha de 27 septiembre de 2024, se debe a una infracción administrativa leve por la ocupación del cauce del Arroyo Grande mediante la construcción de dos puentes provisionales sin la autorización o concesión administrativa de la Confederación Hidrográfica del Tajo. La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que presentará alegaciones al mismo y, "llegado el caso", un recurso contra la resolución.

Según ha defendido la Comunidad de Madrid, se obvia el acuerdo que el Gobierno regional con el Ejecutivo central para la reconstrucción de los puentes alcanzado en una reunión apenas diez días después de la DANA. "En el contexto de la emergencia señalada y con carácter excepcional que se produce cuando hay acontecimientos catastróficos que obligan a actuar de manera urgente para paliar las necesidades más apremiantes de la ciudadanía, se determinó no esperar a la autorización de la Confederación Hidrográfica teniendo en cuenta lo que suelen demorarse en el tiempo dichas autorizaciones", alegan desde el Ejecutivo madrileño.

TRASLADO DE LA URGENCIA E INFORMACIÓN DE LAS OBRAS

En la misiva, a la que tuvo acceso Europa Press, el presidente de la CHT subraya que en la citada reunión mantenida en septiembre de 2023 "la Confederación Hidrográfica del Tajo no acordó con esa Administración --la Comunidad de Madrid--, en ningún momento, la realización de obras en dominio público hidráulico sin autorización". "Lo que se trasladó en la misma, fue la previsión que recoge el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), de desarrollar trabajos, en caso de urgencia, relacionados con la gestión de episodios de avenidas e inundaciones", ha aclarado.

En concreto, esta norma recoge que "los trabajos deben ser comunicados previamente a la administración competente y las obras resultantes deben ser legalizadas, independientemente de que las mismas se encuentren finalizadas o en ejecución, siendo imprescindible que la Confederación Hidrográfica del Tajo garantice que dichas infraestructuras cumplen con las requerimientos técnicos que exige la normativa en materia de afección al DPH y a sus zonas adyacentes reguladas, circunstancia esencial a la hora de abordar nuevos episodios de avenidas".

Según la versión de la Comunidad, en el citado encuentro se acordó que la Dirección General de Carreteras informaría "puntualmente" de todas las actuaciones que tuvieran relación con estas obras al comisario de aguas por delegación del presidente, Javier Díaz Regañón, "como así ha sucedido durante este año y un mes transcurrido".

"Con el citado marco normativo y en el ámbito imprescindible de colaboración y cooperación que la situación de emergencia demandaba, los técnicos de ambas administraciones han venido manteniendo un fluido intercambio de documentación que ha permitido tanto la ejecución de las obras, como la apertura y tramitación de los correspondientes expedientes de autorización, utilizándose, en la mayor parte de los casos, la tramitación de urgencia recogida en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de aplicación cuando razones de interés público lo aconsejan", señala el presidente de la CHT en la misiva consultada por Europa Press.

En este sentido y en el marco de sus funciones, ha recordado que los empleados públicos que tramitan estos expedientes propusieron en febrero de 2024 la resolución de uno de ellos, "iniciado en septiembre de 2023, ante el incumplimiento, por parte esa Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, de la remisión de la documentación solicitada, comunicándose días más tarde la misma".

"La situación resultante es la existencia de unos trabajos que carecen de autorización, o de expediente que pudiera conducir a la misma (sin que se haya solicitado durante meses una nueva apertura), estando tipificados los mismos como infracción según la normativa de aguas, por lo que, los funcionarios de la unidad de Comisaría de Aguas, insisto, en el ejercicio de sus funciones, han procedido a proponer la incoación del correspondiente expediente sancionador", explica Yañez.

LLAMAMIENTO A LA COLABORACIÓN

En este contexto, el máximo responsable del organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica recalca que "la tramitación de un expediente sancionador se encuentra regulada y es muy garantista".

Razón, precisamente, por la que Yañez subraya que "no se entiende que se traslade públicamente la existencia de una sanción cuando lo que se ha comunicado es la apertura de un expediente y la designación de instructor, circunstancia que garantiza la independencia de esta fase, siendo el momento procedimental actual el oportuno para la presentación de cualquier tipo de alegación o documentación que se considere".

En esta línea, el presidente de la CHT recuerda en la misiva al consejero madrileño que "no es práctica" habitual de este organismo "dar publicidad a la incoación de expedientes sancionadores y menos hacer valoraciones de su contenido en tanto se encuentren en tramitación y no se hayan resuelto" para afearle que se haya publicado en los medios.

En cualquier caso, traslada a Rodrigo "la voluntad" de este organismo "de mantener la colaboración y cooperación desarrollada hasta la fecha" en relación con este "aciago episodio de inundaciones" o con los que se puedan producir en el futuro. "Creo que dicha línea de trabajo presenta mayor consonancia con nuestra obligación de servir al interés general frente a otro tipo de prácticas que no acierto a entender qué relación tienen con el servicio público al que nos debemos", ha zanjado.