El Consejo de Ministros aprobará el día 30 una partida de 5 millones para los realojos de la Cañada Real

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros aprobará el día 30 vía Real Decreto la provisión de 5 millones de euros para los realojos en la Cañada Real Galiana, ha informado este martes la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, tras participar en la Comité Ejecutivo del Pacto Regional para la Cañada Real.

"Desde el Ministerio de Transportes y el Comisionado Infantil mantendremos reuniones con la consejera para sacar determinadas partidas para la Cañada. Cuanto más dedicación presupuestaria desmantelaremos un asentamiento que es una vergüenza para todos los que estamos aquí", ha añadido.

En la rueda de prensa conjunta mantenida tras dicha reunión con la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, y el concejal Territorial de Coslada, José Ventura Sousa, Mercedes González ha recordado su discurso de toma de posesión, hace siete meses, como delegada, donde dijo que la Cañada Real es el "gran drama de la Comunidad y una cuestión de dignidad que afecta especialmente a mis convicciones personales". Y añadió que "si hay que hacer oír a alguien, los primeros que lo merecen son los 1.800 niños, 200 menores de dos meses, que malviven allí".

Hoy, ha vuelto a remarcar que se trata de un emergencia social. "Remarcando lo de social porque si únicamente fuera un problema policial, como pretenden algunos, la solución sería 'fácil' de adoptar", ha apuntado.

Durante estos meses, Mercedes González ha detallado que se ha reunido con los alcaldes de Madrid y de Rivas, con la consejera de Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad, así como con diversos cargos de la Administración General del Estado, además de voluntarios y mediadores sociales que trabajan sobre el terreno.

En su reunión con la presidenta Isabel Díaz Ayuso el día 5 de octubre dijo: "Hay que revitalizar e impulsar el Pacto Regional por La Cañada Real, abordando de una vez por todas la solución de fondo de este ámbito: los realojos".

Para la representante del Gobierno de España en Madrid, la Cañada precisa de un impulso de todas las administraciones implicadas, poniéndonos un objetivo concreto y medible: "el desmantelamiento de las viviendas en un plazo medio no superior a 3 años". "Estamos hablando de 200 millones de euros aproximadamente, que con la implicación y la determinación política de todos podríamos abordar en el medio plazo", indicó.

Asimismo, ha señalado que desde el 28 de septiembre está constituido el Grupo de Trabajo Interministerial para coordinar la actuación de las distintas administraciones del Estado, tal y como se comprometió el Gobierno de España ante la ONU. Forman parte de este grupo, que coordina la delegada, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil.

Paralelamente, la Delegación del Gobierno está en conversaciones con las otras administraciones con el fin de revisar y fortalecer los acuerdos del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, suscrito en mayo de 2017, por la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas con el fin de acelerar el proceso que permita conseguir, en un plazo de tiempo razonable, acometer las reformas estructurales necesarias para garantizar plenamente los derechos de las personas que viven en ese asentamiento.

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Por otro lado, la delegada del Gobierno ha señalado que Administración General del Estado no tiene competencias en materia de realojos ni de suministro eléctrico, aunque trabaja para dar una respuesta integral a los compromisos respecto a la Cañada Real.

En las últimas semanas, ha precisado que se ha reunido con representantes de UFD (grupo Naturgy) y ha recibido en la Delegación a vecinas y vecinos de los sectores 5 y 6.

ACTUACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL Y DE LA GUARDIA CIVIL

González también ha detallado que las actuaciones realizadas por la Policía Nacional, como los filtros selectivos diarios y controles en las vías de acceso a la Cañada y dispositivos de prevención de la delincuencia; y la identificación de personas y vehículos, prevención de tráfico de sustancias estupefacientes, delitos de receptación, tráfico ilícito de vehículos, control de los puntos de conexión eléctrica ilegal.

También ha aludido a la protección a empresas públicas y privadas que prestan servicio en la Cañada, las inspecciones en chatarrerías, el control del absentismo escolar y contactos con asociaciones vecinales y con las instituciones competentes.

Respecto al Plan de Choque contra las plantaciones de marihuana, desde octubre de 2020 se han desarticulado 2 grupos criminales, se han desmantelado 20 plantaciones, hay 4 investigaciones en curso, 124 detenidos, 4.807 identificados, 113 actas por droga, 28 actas de armas, 1.719 vehículos chequeados, 221 dispositivos de control, 14 vehículos recuperados (14).

La Policía también ha dificultado la tradicional actividad de distribución y venta de otras sustancias estupefacientes (cocaína, heroína, etcétera)

Respecto a las actuaciones de la Guardia Civil, la delegada del Gobierno ha manifestado que, además de mantener distintos planes operativos desde la creación del Pacto Regional (17 de mayo de 2017), ha constituido este año su propio Protocolo de Seguridad de la Cañada para actuar en el tramo de la demarcación donde es competente (Puesto Principal de Rivas Vaciamadrid).

Sus objetivos son priorizar la desarticulación de estructuras criminales, reducir sus actuaciones y su impacto sobre la convivencia pacífica en la Cañada y dificultar la implantación de nuevos grupos criminales.

Desde 2017, la Benemérita ha llevado a cabo una treintena de operaciones e investigaciones en Cañada Real, con 758 dispositivos establecidos, 57.494 servicios de Seguridad y Prevención y 2.044 arrestados.

Las infracciones administrativas por drogas han sido 2.557, las infracciones administrativas por armas 190 y otras infracciones administrativas 870. Además, las inspecciones y diligencias Medio Ambiente han llegado a 41.

"La actividad delictiva de los grupos organizados asentados en la Cañada tiene un impacto en la seguridad ciudadana, no solo en la zona del asentamiento, sino también en los municipios limítrofes, en el territorio nacional e incluso con interconexiones internacionales. La pobreza en la que se encuentra subsumida la zona y el fracaso escolar, provoca que algunos residentes acaben obteniendo beneficios económicos por medio de otras actividades delictivas", ha comentado la delegada.

Además, ha explicado que los grupos delictivos asentados en la Cañada acrecientan las dificultades de integración, por lo que apuesta por "acabar con esta lacra hay que abordar este asunto de forma integral".

"La 'solución policial' no puede ser la única a aplicar ya que no resuelve los problemas sociales, económicos, educativos, asistenciales y de convivencia, aunque temporalmente pueda mitigarlos. No será fácil ni rápido, pero no descansaremos hasta conseguirlo", ha concluido Mercedes González.