Cuatro defensas de 'Caso Bloque' piden nulidad de procedimiento por acusaciones "vagas" o vulneración de derechos

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juicio por el 'Caso Bloque', centrado en una presunta trama policial en el municipio madrileño de Coslada, ha comenzado este lunes con las cuestiones previas de las partes, en las que cuatro de las defensas de los acusados han pedido la nulidad del procedimiento por diversas razones, como las acusaciones "vagas" que ha realizado el fiscal o las "irregularidades enormes" en la causa, en relación a las intervenciones de los teléfonos a varios de los policías acusados.

La primera sesión del juicio, celebrada este lunes en la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, ha comenzado con aproximadamente una hora de retraso, y en medio de una gran expectación mediática. Prueba de este interés es que se ha habilitado la Sala 0 --la más grande del edificio judicial-- para la celebración de la vista, como ya se hiciera en el caso del 'Madrid Arena'.

Tras aportar las partes todas sus cuestiones previas, en la sesión de este martes se procederá a las alegaciones a las mismas, y el juez puede decidir si las resuelve en sala o si lo hace en la sentencia al final del caso.

El fiscal acusa al exjefe policial de Coslada, Ginés Jiménez Buendía, de los presuntos delitos de extorsión, cohecho, amenazas condicionales, depósito y tenencia ilícita de armas, y blanqueo de capitales. Por éstos se enfrenta a 26 años y ocho meses de cárcel. Del delito de blanqueo de capitales también acusa como colaboradores a su esposa y a su hijo, por lo que se enfrentan a 4 años de cárcel cada uno. A otro policía le acusa de cohecho y del deber de perseguir delitos, y a los otros cinco policías locales de un delito de cohecho impropio a cada uno.

Dentro de la misma causa tendrán que sentarse también en el banquillo de los acusados tres ciudadanos rumanos, Catalin A., Francisc G. y Ionot G., a quienes se les acusa de un delito de prostitución. Estos dos últimos, sin embargo, no han podido ser localizados para su citación.

El Ministerio Público señala que todos los policías locales acusados se aprovechaban de su situación de agentes de la autoridad "para conseguir de manera gratuita los favores sexuales de las mujeres que ejercían la prostitución". A Jiménez Buendía le acusan de que se "aprovechaba su cargo de agente de autoridad" para "vulnerar el ordenamiento legal movido por intereses personales en beneficio propio".

En el escrito de la Fiscalía también se afirma que el exjefe de la Policía Local de Coslada, "de manera abusiva y arbitraria", quería controlar "por vías de hecho, independientes al cauce marcado por el ordenamiento jurídico", la tramitación de licencias y autorizaciones de apertura, de actividad o similares.

AYUNTAMIENTO DE COSLADA RENUNCIA A LA ACUSACIÓN PARTICULAR

El primero en exponer sus cuestiones previas ha sido el fiscal del caso, que en su turno de palabra ha solicitado la comparecencia de cuatro nuevos policías nacionales como testigos y ha renunciado a otro de ellos. Además, ha aportado como prueba la sentencia en la que se condenó por obstrucción de la justicia al exjefe policial de Coslada y principal acusado, Ginés Jiménez Buendía. También ha solicitado nuevas pruebas para esclarecer el blanqueo de capitales y la tenencia de armas del exjefe policial.

Tras el representante del Ministerio Público, el Ayuntamiento de Coslada, personado como acusación particular, ha renunciado a ésta y se ha adherido al escrito de acusación del fiscal, desistiendo a aportar cualquier tipo de prueba. Ahora, será una especie de apoyo del fiscal en el procedimiento.

Tres de las defensas han solicitado que el Ayuntamiento sea expulsado "inmediatamente" de la causa, como ya se hizo con la Comunidad de Madrid, ya que "no pinta nada". "No son perjudicados sino, de hecho, responsables civiles subsidiarios", ha apostillado uno de los letrados, que ha pedido que se les condene en costas.

"PROCEDIMIENTO MUY CHAPUCERO E IRREGULARIDADES GRAVÍSIMAS"

A continuación, el letrado de tres de los policías locales ha reseñado que sus patrocinados, acusados de un delito de cohecho impropio, nunca prestaron declaración por este delito, sino por el de abuso sexual y asociación ilícita, ya fuera de la causa. Por esto, ha reclamado su libre absolución por la vulneración del principio acusatorio.

Además, como han señalado otras defensas, ha asegurado que el delito de cohecho impropio está prescrito, ya que defiende que desde octubre de 2008 no se ha realizado ninguna prueba para esclarecer la acusación, cuando este delito prescribe a los tres años.

Por otro lado, ha pedido la nulidad de varias intervenciones policiales. En este apartado destaca que la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional apareció en la investigación "de la nada", y que no hubo "ningún tipo de control judicial" en la intervención del teléfono de uno de sus clientes.

"La UDYCO ofreció algo a cambio a las prostitutas para que declararan, porque no tenían documentación y tenían que haber sido expulsadas del territorio nacional", ha detallado el abogado, que se ha preguntado qué documentos utilizaron para identificar a estas testigos protegidos.

Por su parte, el letrado José Ramón García, abogado defensor de Carlos M.G., se ha sumado a la vulneración del principio acusatorio por las acusaciones "vagas y genéricas" del fiscal, y ha llegado a espetar que no podía defender a su cliente porque no sabía de qué le acusaban. García también ha pedido la nulidad absoluta del procedimiento, porque ha sido un proceso "muy chapucero" y ha habido un "cúmulo de irregularidades gravísimo".

Un paso más allá ha ido el abogado Marcos García Montes, defensor de otro de los policías y que ha solicitado la nulidad del procedimiento por vulneración de derechos fundamentales. Aquí, ha citado, entre otras la Declaración Universal de Derechos Humanos por hacer que su patrocinado entrara en la cárcel por delitos "de los que no está acusado". También ha asegurado que hubo "falsedad" en un atestado policial" y la nulidad por dilaciones indebidas.

En último lugar, la abogada de Catalin A., ha pedido su libre absolución por la prescripción del delito de prostitución, dilaciones indebidas, "irregularidades enormes" y la vulneración del principio acusatorio.

CASO 'BLOQUE'

El juez de Instrucción número 21 de Madrid investigaba desde diciembre de 2007 una trama de prostitución de origen rumano a raíz de las denuncias de varias prostitutas que ofrecían sus servicios en un polígono del distrito madrileño de Vicálvaro.

Según el escrito de la Fiscalía, los tres rumanos ofrecían protección a algunas prostitutas a cambio de una cantidad de dinero semanal que oscilaba entre los 300 y 600 euros.

Las pesquisas seguidas por el Grupo XVI de la Brigada de Policía Judicial revelaron indiciariamente que varios agentes de la Policía local de Coslada extorsionaban a estas prostitutas. Al mismo tiempo, varios empresarios de esta localidad denunciaron el presunto acoso que sufrían por parte del jefe del Cuerpo.

La Policía Nacional puso entonces en marcha el caso, por el que fueron detenidos el 8 de mayo de 2008 veinticinco agentes de la Policía Municipal y el jefe de la misma por su posible implicación en la citada red mafiosa. A ellos, junto a varios miembros de los locales, les acusaba de formar una presunta red criminal, conocida como 'El Bloque'. Tras casi diez años en instrucción y tres jueces al cargo diferentes, se archivaron las acusaciones de asociación ilícita y contra 19 policías, quedando únicamente siete en la causa.

En la actualidad todos los policías locales de Coslada (a excepción del exjefe y de otro policía local al que le concedieron la invalidez permanente) están trabajando y ejerciendo sus funciones.