Dancausa responsabiliza al Gobierno de Ahora Madrid de aprobar "acuerdos contrarios a la Ley" con la jornada de 35 horas

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha responsabilizado este miércoles "al Gobierno de Ahora Madrid, con su alcaldesa y exjueza Manuela Carmena a la cabeza" de aprobar "acuerdos contrarios a la Ley" tras ser suspendida cautelarmente por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la jornada de 35 horas para los funcionarios municipales.

De esta manera, Dancausa ha respondido al concejal delegado del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, que ha culpado esta tarde al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la situación en la que se encuentran los funcionarios del Consistorio tras dicha suspensión cautelar.

La representante del Gobierno central en Madrid responsabiliza de forma única al Gobierno local por "vulnerar la Ley de Bases de Régimen Local en la redacción dada por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, que determina que la jornada de trabajo de los funcionarios locales será la misma que la de los funcionarios de la Administración General del Estado".

Y en segundo lugar, porque señala que es la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 la que determina que la jornada de trabajo para el personal del Sector Público, "que no puede ser inferior a 37 horas y media".

"Además, sin atender a ningún criterio de prudencia, la Junta de Gobierno aprobó una serie de acuerdos, siendo pública la sentencia del 26 de septiembre del Tribunal Constitucional, que dejaba sin efecto la aplicación de la jornada laboral. Aun así, el Gobierno de Ahora Madrid decidió aprobar el 13 de octubre, 29 de noviembre y 1 de diciembre, acuerdos que afectaban a la jornada laboral de la Policía Municipal, Agentes de Movilidad y trabajadores de las Oficinas de atención al Contribuyente y al Ciudadano", ha apuntado Dancausa.

El Consistorio estipuló para los funcionarios municipales la jornada de 35 horas en lugar de las 37,5 horas de trabajo semanales, una medida adoptada el 30 de junio de 2016 y que fue recurrida por la Abogacía del Estado, que entendía que los funcionarios municipales debían tener la misma jornada que el resto de administraciones. La resolución judicial es cautelar, a la espera de una sentencia firme.