MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha constatado que, en la práctica, son muy escasas las denuncias por malos tratos realmente investigadas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, ya que, en la mayoría de los casos "acaban siendo sobreseídas por no poder localizar al denunciante, que se encuentra en paradero desconocido o devuelto a su país".
Así lo ha indicado la Institución en su Informe 2021 presentado este viernes en el Congreso de los Diputados. Son varias las asociaciones que formularon el año pasado quejas relacionadas con las dificultades para la acreditación de las alegaciones de malos tratos por parte de los internos, así como para su investigación judicial.
La imposibilidad práctica para continuar con el procedimiento penal, si el interno es expulsado antes de que se pueda practicar la prueba anticipada, es una de las cuestiones que subyace en la mayoría de las quejas.
En algunos casos, las asociaciones se quejan de que perciben cierta celeridad en la materialización de la expulsión de quienes han formulado denuncia por malos tratos. Mientras, la Policía Nacional niega que exista instrucción alguna en ese sentido.
Ante todo ello, el Defensor del Pueblo ya ha dado traslado a la Fiscalía General del Estado de las graves consecuencias de la falta de adopción de medidas de suspensión de la expulsión acordada, en los casos en los que consta denuncia por la presunta comisión de malos tratos, toda vez que la expulsión de las presuntas víctimas supone la imposibilidad del órgano judicial competente de tomar declaración e impide el esclarecimiento de los hechos.
EL MAYOR CIE DE TODA ESPAÑA
El CIE de Madrid es el que aloja un mayor número de internos, albergó a 428 personas durante todo el año.
Uno de los motivos de queja más reiterados durante 2021, además de los casos de malos tratos, se refiere a las medidas sanitarias adoptadas en los centros para la prevención de la Covid-19 y su propagación.
Las asociaciones que realizan visitas a las personas internas manifestaban su disconformidad por la imposibilidad de conocer con la antelación suficiente la suspensión de estas y el impacto que las medidas de aislamiento suponían para la salud mental, a la vista de las deficiencias que padecen las instalaciones.
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