El Defensor del Pueblo denuncia las trabas de la Comunidad para acceder a información sobre 7B de Metro

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha denunciado las trabas de la Comunidad de Madrid para acceder a información relativa a la situación que viven los afectados por las obras de ampliación de la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares, ya que se le han facilitado "informes parciales" y se le ha dificultado "el acceso a documentos reiteradamente solicitados".

Así figura en la memoria correspondiente a 2023 de la oficina de Ángel Gabilondo, un informe en el que la institución reitera su "preocupación" por la situación de las familias afectadas y, en particular, por la de quienes fueron desalojados de sus viviendas y han pasado largo tiempo en soluciones habitacionales de carácter provisional.

En relación con este asunto, el Defensor del Pueblo ha indicado que se le remitió "con gran retraso" un nuevo informe de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid que, además, "no atendía la mayor parte de las peticiones formuladas" por esta oficina.

Entre ellas, cita las relativas a la tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial, sobre fórmula jurídica utilizada para el abono de los denominados anticipos, su temporalidad y el cálculo de su importe, así como sobre las formas de oposición a este cálculo que puedan tener los afectados, en su caso.

Desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares se proporcionó los datos de la extensión de los daños en los inmuebles del municipio con feche de septiembre de 2023: se encontraban afectados, en distinta medida, un total de 49 locales comerciales y 639 viviendas, de las cuales 87 habían sido desalojadas, lo que afecta a 82 familias y unas 210 personas.

"La gravedad del asunto exige la búsqueda de soluciones globales que vengan a reparar en su integridad los daños y a restituir, en la medida de lo posible, la tranquilidad de esas familias", remarca la oficina de Ángel Gabilondo.

Según el Defensor del Pueblo, estas soluciones solo pueden adoptarse "desde la transparencia, la comunicación con los afectados y la coordinación con todas las Administraciones". "Dentro de esa misma exigencia de responsabilidad y lealtad institucional está el deber de colaborar con el Defensor del Pueblo, al que, hasta la fecha, se le vienen facilitando informes parciales y dificultándole el acceso a documentos reiteradamente solicitados", concluye.