Delegación de Gobierno recurre la Oficina Antifraude del Ayuntamiento por posible vulneración de hasta 6 leyes

Ve duplicidad de funciones y actuaciones que sólo pueden hacer funcionarios y dice que pretende defender derechos de los trabajadores

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Gobierno presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) contra la Oficina contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid porque su reglamento y designación de director podría vulnerar "diez artículos de seis leyes, así como otros cinco de la Constitución Española", argumenta en un comunicado el departamento que dirige Concepción Dancausa a partir de un informe de Abogacía del Estado.

Las normas posiblemente vulneradas serían la Constitución española en los artículos 9.3, 25.1, 18, 103.3, 105.c; los artículos 16, 62 y 64.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común; los artículos 25 y 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; los artículos 92.3 y 136 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local; el artículo 23 de la Ley de Capitalidad y el artículo 1.3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Delegación argumenta en lo referido a las funciones de la Oficina que son de "investigación y comprobación" y, por lo tanto, "suponen el ejercicio de una potestad imperativa". Pueden llevarse a cabo mediante requerimientos, visitas de inspección o entrevistas personales afectando siempre "al ámbito de las competencias de órganos municipales (Intervención General e Inspección General de Servicios) a los que conforme a la ley les corresponde la inspección, supervisión o control de la actividad municipal".

DUPLICIDAD DE FUNCIONES

"Estaríamos ante un órgano que duplicaría las funciones de los órganos de control legalmente previstos y que además invadiría el ámbito competencial de éstos, puesto que se permite que la Oficina actúe cuando además de existir una responsabilidad disciplinaria del personal municipal se presuma que adicionalmente también existe una responsabilidad penal o política", han planteado.

Y es que, sigue Delegación, "bastaría que la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción considere que existe una responsabilidad penal/política además de la puramente disciplinaria para que continúe sus actuaciones de investigación y de inspección con respecto al personal municipal".

Además consideran que esta Oficina "podría invadir la competencia de los órganos encargados de investigar una responsabilidad penal, esto es, juez, fiscal o policía judicial, hasta que no se tuviera conocimiento por parte de ésta de la existencia de una investigación judicial".

DIRECTOR

Sobre su composición, Delegación destaca que en el reglamento orgánico no se exige que el director y los vocales que integran el consejo asesor o el personal a su servicio tengan la condición de funcionario de carrera. Esto puede contravenir la Ley de Bases de Régimen Local (artículo 92.3) y en el Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 9.2), que atribuyen en exclusiva a los funcionarios de carrera el ejercicio de las funciones que impliquen el desarrollo de potestades públicas o el ejercicio de autoridad.

En cuanto al director, Delegación considera que los criterios fijados por los candidatos son "indeterminados, sin que respondan a los principios de mérito y capacidad exigidos por el art. 103.3. CE".

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Por último, el departamento que dirige Dancausa señala que con este recurso quiere "defender los derechos del personal municipal del Ayuntamiento de Madrid, que sería sometido a un control de su actividad que no cumple con las previsiones recogidas en ley y que en este sentido supone una vulneración de sus derechos en comparación con el personal al servicio en las administraciones públicas".

El reglamento de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción fue aprobado en el Pleno del 23 de diciembre con los votos favorables de Ahora Madrid y PSOE y el rechazo de PP y Ciudadanos.

La Oficina dependerá del Pleno, donde están representados todos los grupos políticos, para asegurar su autonomía. Dispondrá de un órgano de dirección y un consejo asesor, con presencia de la sociedad civil, para cumplir el mandato de la ONU sobre la lucha contra la corrupción.

El tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, explicó en la presentación de la iniciativa presentada por Ahora Madrid que esta oficina pretende "prevenir, investigar y reforzar las buenas prácticas". Incluye un "mecanismo de denuncia amplio, incluso con el anonimato, y garantías para quienes se vean sometidos a investigación que, si lo desean, podrán ser acompañados por un abogado para abordar los asuntos con tranquilidad".