Denuncian en el Ayuntamiento que 18 bloques de viviendas en Lavapiés albergan 203 pisos de alquiler turístico "ilegales"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Lavapiés dónde vas, la PAH, el sindicato Inquilinos de Madrid y la Iniciativa Legislativa Popular por una Ley de Vivienda Urgente han denunciado este miércoles ante el Ayuntamiento de Madrid que en Lavapiés hay 18 bloques de viviendas que albergan 203 pisos de alquiler turístico "ilegales".

   En rueda de prensa en la Plaza de la Villa momentos antes de presentar ante el registro del Ayuntamiento de Madrid esta denuncia administrativa, representantes de estas asociaciones y colectivos han criticado la "inacción institucional" ante la situación que esta atravesando el barrio de Lavapiés y han puesto sobre la mesa varias herramientas de lucha contra el la proliferación de estas viviendas, que está conllevando la expulsión de los vecinos.

   Además de criticar el "incremento desproporcionado de los alquileres" que genera la expulsión de los vecinos o que el barrio se esté convirtiendo en una "suerte de resort vacacional con tintes costumbristas", han trasladado a la ciudadanía un modelo de denuncia tipo para que puedan presentarla ante el Ayuntamiento en el caso de que se vean afectados por esta situación.

   Sara Lafuente, de Lavapiés dónde vas, ha señalado que Lavapiés "históricamente, es un lugar de acogida, pero la especulación y el incremento desproporcionado de los alquileres está expulsando a los vecinos, de la mano de la capitalización de sus costumbres que hacen del barrio, una suerte de resort vacacional con tintes costumbristas".

   Lafuente ha criticado que la "extensión del monocultivo del trabajo precario considera a los barrios una fuente de beneficio económico para unos pocos" y ha denunciado una subida del alquiler de entre un 12 y un 18 por ciento en un barrio con una oferta de más de 3.000 pisos turísticos, muchos de ellos explotados por fondos de inversión.

   "Poco tiene que ver esta oferta con la supuesta economía colaborativa cuando se habla de plataformas on line que están anunciando estos pisos", ha considerado.

EL AYUNTAMIENTO "NO QUIERE"

   Desde la misma asociación, Marisa Pérez ha precisado que denuncian que hay 18 edificios residenciales destinados íntegra o mayoritariamente a alquileres de alojamiento turísticos. Según ha desgranado, diez de ellos íntegramente y el resto, en más del 50 por ciento. "Todos ellos, 203, son ilegales", ha aseverado.

   Lo que buscan con esta denuncia, ha relatado, es "desmontar dos mentiras" que a fuerza de repetirse se están creyendo entre todos. La primera, es que se supone que no  se tendrían "actualmente las herramientas necesarias para cerrarlos". Y es que, a su juicio, se puede hacer con la legislación actual. "No hace falta ninguna regulación más", ha defendido.

   "El Ayuntamiento no está actuando no porque necesite una herramientas. No es que no pueda, es que no quiere", ha lanzado Pérez, quien ha dicho que no se pueden resignar.

   El objetivo de esta denuncia: "recuperar el urbanismo como un instrumento en manos de la ciudadanía", ha expuesto Pérez, quien ha dicho que apuestan por el "urbanismo social" y el Ayuntamiento es "el encargado de que este planteamiento público social sea posible".

   "Convertir el derecho a la vivienda en una realidad, que deje de ser objeto de negocio y recuperar el derecho de uso que lleva perdiendo en esta economía financiera", ha resumido.

"PIDO SOCORRO PORQUE VA A ESTALLAR"

   Desde PAH Centro Carmen Gómez ha relatado que este fenómeno ya comenzó hace cuatro años con la vivienda pública, cuando "el Gobierno anterior de Ana Botella quiso vender pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda".

   En el caso de Lavapiés, ha relatado, que le costó porque había vecinos con contratos de por vida. Sin embargo, ha continuado, se les hizo otro contrato y los que se negaron a firmarlo ahora no pueden pagar sus casas porque según el Ayuntamiento son "okupas".

   "El día que explote en el Centro y alrededores va a estallar una burbuja", ha exclamado Gómez, quien ha añadido que además en el Centro hay "mucha vivienda vacía chapada con la necesidad que hay de vivienda pública".

   "Pido un socorro porque en Lavapiés este tema va a estallar dentro de muy poco porque está muy abandonado. El ayuntamiento de antes, el de ahora y todos siguen pensando que la vivienda es un negocio", ha denunciado.

   Pablo García, del sindicato de Inquilinos de Madrid, ha considerado que la "turistificación del centro de la ciudad es una expresión muy grave de un fenómeno mucho más amplio" que es la "financiarización de la vivienda en la Comunidad de Madrid".

   Así, ha expuesto que en Lavapiés los alquileres han subido hasta en un 18 por ciento pero ha cifrado en un 16 por ciento la subida de las rentas en toda la región.

   "El precio se incrementa en todos barrios y pueblos. Nunca en la historia ha costado tanto el alquiler", ha denunciado García, quien ha señalado que hay casos de moobing inmobiliario a vecinos.

VER SI LOS PARTIDO SUPERAN EL "EXAMEN DE DEMOCRACIA"

  Por último, ha tomado la palabra Alejandra Jacinto, de la Iniciativa Legislatura Popular (ILP) por una Ley de Vivienda Urgente, quien ha criticado el "expolio de la vivienda pública" que ha habido en los últimos años en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento.

   A su juicio, "es hora" de que las entidades financieras devuelvan las deudas contraídas con los ciudadanos con el rescate bancario y dejen de desahuciar a la gente sin alternativa habitacional.

   Con la ILP quieren frenar la especulación en una Comunidad en la que "hay más de 300.000 viviendas vacías de entidades financieras y fondos de inversión. Apuestan por redactar una Ley de Vivienda y consideran que es momento de "presionar" a los partidos para que en noviembre tenga una ley por el derecho a la vivienda.

   Por eso, la norma irá a pleno, ha relatado, y allí verán "qué partidos superan ese examen de democracia". Además, el 7 de octubre habrá una gran movilización entre Jacinto Benavente y Las Vistillas que culminará con un gran festival solidario por el derecho a la vivienda.