La familia llevaba 'okupando' ilegalmente la vivienda desde mayo de 2013
MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -
Una mujer de 41 años y sus tres hijos, dos de ellos menores de edad, han sido desahuciados esta mañana de la vivienda que 'okupaban' en el barrio de Lavapiés y que era propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).
Según ha indicado a Europa Press una portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) la vivienda, ubicada en la calle Amparo, 28, llevaba ocho años cerrada y la mujer decidió 'okupar' la casa porque perdió su anterior residencia tras la crisis económica.
Asimismo, ha asegurado que el juzgado ha cometido una "irregularidad" por no aceptar el informe social actualizado que acredita que la mujer afectada y su familia se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, según han precisado a Europa Press fuentes municipales, esta familia llevaba 'okupando' ilegalmente la vivienda desde mayo de 2013, momento desde el cual la entidad ha intentado recuperarla en los tribunales, y el lanzamiento ha llegado después de que los ocupantes hayan alegado y recurrido en los tribunales llegando incluso al Tribunal Supremo.
"La EMVS ha sido muy respetuosa durante todo este tiempo con los derechos y garantías de los ocupantes, siguiendo en todo momento el procedimiento establecido en la normativa aplicable", han precisado las mismas fuentes.
Asimismo, han añadido que el juez ha dispuesto de todos los informes, entre ellos el del Servicio de Asesoramiento a la Emergencia Residencial (SAER) del Ayuntamiento de Madrid, que ha confirmado que esta familia dispone de alternativa habitacional y que, sin este informe, el juez no hubiera permitido el lanzamiento.
A ello añaden que está vivienda ha sido 'okupada' ilegalmente impidiendo su adjudicación a los solicitantes del registro oficial de demandantes de vivienda. Además, han manifestado que se realizan en ella actividades ilegales y se han producido daños y riesgos que han puesto en peligro la seguridad del edificio y de los vecinos, con enganches ilegales a la luz y amenazas.
Por último, han trasladado que la EMVS está paralizando muchos lanzamientos aunque estén autorizados por el juez, pero han defendido que en este caso era necesario proceder al mismo por las dificultades de la convivencia vecinal.