Director del Juan Pablo II cree que la multa de Cifuentes "infringe gravemente" la Ley

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón ha cargado contra la Comunidad de Madrid al considerar que ha infringido "gravemente" el ordenamiento jurídico en relación a la multa impuesta por comparar la ley contra la LGTBifobia con el fanatismo terrorista.

Así consta en el escrito de alegaciones, al que tuvo acceso Europa Press, presentadas ayer ante la Consejería de Políticas Sociales de Familia con motivo de la sanción propuesta por Manuel Galán Rivas, de la Secretaría General Técnica de dicha Consejería.

La sanción se impuso en relación a una carta dirigida a los alumnos en el que el director comparaba la ley aprobada en la Asamblea de Madrid contra la LGTBifobia con el fanatismo terrorista. En virtud de esa Ley, la Comunidad multó al director.

En el escrito se expone que a pesar de que la Insoección no encontró irregularidades en el centro, la Consejería de Políticas Sociales de Familia entendió que las opiniones del director Carlos Martínez sobre la ley LGTBi era "susceptibles" de sanción según esa misma ley.

En las alegaciones se pone de manifiesto que el centro es un colegio concertado de ideario católico en el que se afirma que su propuesta "no está reservada sólo a los católicos, sino abierta a todos los que comprendiendo y valorando la enorme contribución del humanismo cristiano a nuestra civilización, quieran transmitir a sus hijos estos valores, tengan un pleno respeto por su ideario y demuestren apreciar y compartir una propuesta educativa cualificada".

Las alegaciones destacan "la gravedad de la iniciativa adoptada por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid" ya que, a su juicio, "infringe gravemente el ordenamiento jurídico".

Cree el director que esa medida comporta una violación flagrante de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 reconoce, así como de las normas de los tratados y convenios Internacionales sobre las mismas materias. Termina el escrito de alegaciones pidiendo a la Consejería que dicte resolución que deje sin efecto la resolución acordada.