La Empresa del Suelo de Leganés interpone una segunda querella contra el portavoz del PP por "perjuicio económico"

El alcalde no descarta ampliarla a otras dos constructoras que en Poza del Agua recurrieron a un laudo arbitral que les benefició

LEGANÉS, 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Leganés, Santiago Llorente (PSOE), ha anunciado este jueves en rueda de prensa que la Empresa Municipal del Suelo (EMSULE) ha presentado una segunda querella por malversación y prevaricación continuada contra el portavoz del PP y candidato a la Alcaldía, Miguel Ángel Recuenco, por los "perjuicios económicos" que le habría supuesto a la empresa pública el retraso y encarecimiento en la construcción de dos promociones de viviendas públicas en Poza del Agua (Plan Parcial 5), mientras era presidente de la entidad entre 2011 y 2015.

La querella, presentada este miércoles ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la condición de aforado de Recuenco como diputado regional, se centra en "la liquidación del contrato de obras de dos promociones de viviendas en el Plan Parcial 5 que ejecutó la constructora Ogensa", que habría hecho unas reclamaciones que habrían supuesto un "perjuicio total irrogado a EMSULE de 2,7 millones".

De este montante, 891.213 euros corresponderían a indemnizaciones y 330.418 euros a intereses, según establece el informe jurídico encargado a un bufete por EMSULE y que ha servido de base a la demanda.

En la querella, EMSULE pide que se cite a declarar a los responsables de la constructora y "a todos los técnicos que participaron en el laudo arbitral", así como a Carlos Delgado, portavoz de ULEG". En total, una decena de personas.

El informe jurídico del P.P.5 analiza "la legalidad de las decisiones y contrataciones" para la construcción de 176 viviendas de protección en la parcela 15 de Poza del Agua y de otras 170 viviendas en la parcela 19. Determina, así, que la gestión de Recuenco, como presidente de la entidad, habría derivado en un retraso de obras y subida de precios, lo que motivó las reclamaciones de la empresa contratista. El proceso, según siempre el documento, habría "causado un perjuicio económico para EMSULE".

Según ha explicado este jueves el alcalde, la querella trata de determinar por qué la resolución del laudo arbitral al que acudieron EMSULE y 'Ogensa' fue perjudicial para la primera por el abono de las indemnizaciones. Según ha dejado entrever, los peritos designados --tanto por la empresa pública como por la constructora-- habrían favorecido a 'Ogensa' en sus reivindicaciones, hecho que se ve agravado, según el regidor, porque ambos peritos habrían tenido relación laboral con anterioridad. "Es una cosa sorprendente y sospechosa", ha apostillado al respecto.

OTRAS DOS CONSTRUCTORAS

Este mecanismo, y con el mismo resultado para EMSULE, se produjo con otras dos empresas constructoras que levantaron pisos públicos en Poza del Agua. Una cuarta recurrió a los tribunales de lo Contencioso-administrativo y recibió una indemnización "sustancialmente inferior" a la que recibieron las que participaron en el laudo. De ello, deduce que se produjo un "perjuicio económico" para la Empresa del Suelo.

Ante ello, el primer edil ha adelantado que la querella podría ampliarse a estas dos constructoras. Aunque no se ha pronunciado sobre la existencia de una presunta trama para 'esquilmar' a la empresa pública, sí ha admitido que el laudo arbitral es una fórmula "legal". En este sentido, ha detallado que, de momento, se ha denunciado la "liquidación de un contrato en 2014-15", ya que, a su juicio, "se ha pagado diez veces más del contrato original".

En este punto, Llorente ha remarcado que, según los informes, la designación de los peritos se realizó sin contrato y sin informar al Consejo de Administración de EMSULE. "Se han saltado todos los órganos de contratación", ha esbozado.

Por su lado, el vicealcalde de Leganés, Enrique Morago (Cs), ha justificado que se adopten las medidas ahora --ocho años después-- porque "son cuestiones muy largas", al tiempo que ha informado de que él tiene por costumbre leerse "siempre todos los papeles".

VALORACIÓN DE RECUENCO

De su lado, Miguel Ángel Recuenco se ha reafirmado en que se le acusa de "un contrato de ejecución mal hecho que se realizó en 2010", cuando no era componente de la Corporación municipal y "Llorente sí era miembro del consejo de Administración que adjudicó esas obras y que establecía que había que someterse al arbitraje".

En cuanto a las dudas que generó la designación de los peritos, Recuenco ha manifestado que el perito que hizo el informe para establecer el laudo fue contratado por Llorente cuando accedió a la presidencia de EMSULE. Además, tras recordar que el laudo tiene "la misma validez que una sentencia", ha señalado que "las cuantías se pagaron cuando Llorente era ya alcalde".

SIN CARÁCTER ELECTORALISTA

Mientras, Llorente ha desmentido que las dos querellas contra Miguel Ángel Recuenco tengan un componente electoralista ante la proximidad de los comicios de mayo. "No hay ninguna intención política. No buscamos rentabilidad política", ha precisado al respecto.

Así, ha remarcado que, tras los informes jurídicos externos sobre el Plan Parcial 5 y el Plan Parcial 3 (éste por adjudicación de contratos por más de un millón de euros a las mimas personas), no "podían hacer otra cosa" que interponer las querellas "en defensa de los intereses de los leganenses".

En cuanto a la querella por malversación que ha anunciado el portavoz del PP contra él y varios consejeros de EMSULE por abonar con "dinero público" la contratación de los informes jurídicos, el primer edil ha manifestado que le parece "extraño" que haya gente que se preocupe por un gasto de 17.000 euros, pero no por los 2 millones de perjuicio que ha tenido supuestamente la empresa pública.

Por su lado, el portavoz de Leganemos, Fran Muñoz, ha asegurado que los hechos denunciados son "extremadamente graves" al no llevarse al consejo de Administración las denuncias de las empresas solicitando sobrecostes, ni la contratación de árbitros que, a posteriori, se ha demostrado que "tenían vínculos profesionales". "Se han perdido millones de euros que podían haberse destinado a la compra de vivienda de segunda mano", ha esbozado.