La exalcaldesa (PP) de Camarma acusada de prevaricar reconoce que anuló un proceso selectivo sin revisar el expediente

"Yo no era entendida en esos temas. Me dejaba guiar por la secretaria", alega en el juicio

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Camarma de Esteruelas Consuelo Mendieta (PP) ha reconocido hoy en el juicio que anuló al dictar una resolución en marzo de 2011 un proceso de selección que sería válido para cubrir una plaza de aparejador municipal sin revisar el expediente, manifestando que estaba "saturada" de trabajo y que no era "una entendida" en esos temas.

"Estaba saturada de trabajo y no miré los documentos que dejaron en mi despacho. La resolución la dicté sin examinar el expediente porque no soy una entendida", ha alegado la exregidora, quien se enfrenta a una petición fiscal de seis años de cárcel y nueve de inhabilitación por los delitos de prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y falsedad en documento oficial.

La fiscal le acusa de irregularidades en la anulación del proceso de selección de un aparejador municipal. Según el fiscal, Mendieta y dos funcionarios --también acusados-- se aliaron para que el candidato que obtuvo el mejor examen no fuera designado.

La exalcaldesa mantiene que tenía "una relación estupenda" con el funcionario que le ha llevado a juicio. Sin embargo, la acusación particular sostiene que había rencillas entre ellos a raíz de que su cliente se negara a ser su tesorero.

En el banquillo de los acusados también se han sentado María del Carmen Ortiz Blasco y Javier Ortiz de la Vega, secretaria-interventora y vicesecretario en dicho consistorio. Se enfrentan a seis años por los delitos de infidelidad en la custodia de documentos y falsedad en documento oficial.

En su declaración, la exalcaldesa se ha desligado del proceso de selección en el que el funcionario que le acusa de presunta prevaricación realizó un examen que obtuvo la mejor puntuación. Según su relato, desconocía los detalles del proceso indicando que los exámenes estaban en manos del entonces concejal de Cultura Miguel Ángel Vilariño.

"Fue una legislatura mala. Todos se iban. Cuando Miguel Ángel se fue me dejaron documentación en el despacho y no la revisé. Se quedó ahí", ha explicado la acusada, quien ha explicado que los exámenes del proceso se perdieron y se buscaron por todos lados.

A preguntas de la fiscal sobre si ordenó un informe para anular el proceso, ha señalado que la secretaria le comentó que había redactado un informe para que se anulara el tribunal ya que ella no había estado presente.

"Me guío por lo que me decían mis asesores y dicté la resolución", ha reseñado admitiendo que no había examinado el expediente. "Los entendidos eran ellos, no yo", ha insistido en varias ocasiones.

En febrero de 2012, según consta en el escrito del fiscal, apareció con el cambio de Gobierno una carpeta con el tercer ejercicio del proceso selectivo entre los documentos del despacho de la exalcaldesa.

Gracias a un Decreto de la Alcaldía, el funcionario J.C.V. fue nombrado en 2015 funcionario de carrera como arquitecto técnico, en ejecución de la sentencia n 301/2015 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n 12.

RELATO DEL FISCAL

Según el fiscal, el 14 de noviembre de 2006 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas aprobó las bases para la provisión de una plaza de funcionario arquitecto técnico.

A las pruebas selectivas de concurso-oposición se presentó J.C.V., quien realizó los tres ejercicios de la primera fase obteniendo en las dos primeras más puntuación que el otro aspirante.

El resultado del tercer ejercicio no se publicó y quedó en manos de María del Carmen Ortiz Blanco y de Consuelo Mendieta "no quedando contenido de ese tercer ejercicio en el expediente del proceso seleccionador y que las acusadas afirmaban haberse extraviado".

Por ello, los otros tres miembros del tribunal propusieron a J.
C.V. para que se le asignara la plaza "por el ser el candidato con mayor puntuación global".

Y es que previamente, para justificar la no publicación del resultado del tercer ejercicio, los tres acusados se habían puesto de acuerdo.

Así, Javier García de la Vega, por indicación de Consuelo Mendieta, elaboró el 22 de enero de 2010 un informe que posteriormente firmó María del Carmen Ortiz Blasco, haciendo constar que la fecha de su expedición era el 30 de junio de 2009, "poniendo de manifiesto que el Tribunal de tal proceso selectivo no estaba legalmente constituido, al no haber estado presente la secretaria en la apertura de las plicas del tercer ejercicio ni en su corrección, ni poder dar fe del resultado final del mismo".

Para evitar que se otorgara la plaza de arquitecto a J.C.V. la exalcaldesa acordó mediante la resolución 121/2011 de 30-03-2011, anular la composición del Tribunal calificador "nombrando un nuevo Tribunal y convocando a los dos candidatos declarados aptos en el primer y segundo ejercicio para realizar nuevamente el tercer ejercicio, que no llegó a celebrarse al ser impugnada la referida resolución".