Un exedil de Seguridad niega acoso laboral a dos mujeres agentes para favorecer a otros policías

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exconcejal de Seguridad del Ayuntamiento de Galapagar Pedro H. R. ha negado este lunes en el juicio haber acosado laboralmente a dos mujeres agentes de la Policía local de este municipio en beneficio de otros policías, manifestando que como cargo político no imponía cuadrantes de turnos ni daba ninguna orden a realizar.

Así lo ha manifestado durante su declaración en el juicio que ha arrancado este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid. Se sienta también en el banquillo de los acusados el exjefe de la Policía local de Galapagar Jesús S.G.

A Ambos se les juzga por un delito continuado de prevaricación y un delito contra la integridad moral. El Ministerio Público solicita para cada uno de ellos la pena de un año y seis meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

En su declaración, el exconcejal ha negado los hechos que se le imputan, señalando que en ningún momento impuso ninguna orden ni actuaciones a realizar.

"Mi cargo era político, no ejecutivo. Yo no podía imponer cuadrantes ni órdenes", ha manifestando, insistiendo en que no podía favorecer a ningún agenets ya que no tenía esa capacidad.

HECHOS JUZGADOS

Según el fiscal, Pedro H.R., en su condición de concejal de Seguridad, y Jesús S.G., en la de Jefe de la Policía Local del mismo municipio, al menos desde marzo de 2009 y hasta febrero de 2010 realizaron determinadas y reiteradas actuaciones encaminadas a menoscabar la integridad física de dos mujeres, agentes policiales de la localidad.

Así, mantenían en todo momento un continuo comportamiento despectivo hacia ellas, al utilizar motes para referirse a las mismas, solicitándoles informes arbitrarios y obligándoles a realizar servicios en determinados lugares inapropiados o funciones no acordes con su antigüedad.

Además, controlaban, ridiculizaban y criticaban sus intervenciones delante de otros compañeros, les denegaban la concesión de horas libres de cambios de turno, vetando su promoción profesional y amenazándoles continuamente con la incoación de expedientes disciplinarios sin justificación.

Los procesados obligaron, además, a las agentes a realizar numerosas actuaciones irregulares o directamente ajenas a la legalidad, exigiendo, por ejemplo, que retiraran multas y sanciones a personas influyentes de la localidad.

Como consecuencia de esta situación de presión sostenida en el tiempo, las dos agentes sufrieron graves disfunciones en el ejercicio de su profesión que desembocó en una situación de baja laboral de ambas.